El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha lamentado que continúen las prácticas de trabajar sin adjudicación o sin contrato por parte del equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos), tras haberse llevado esta mañana a la comisión extraordinaria de Hacienda la aprobación un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 3,7 millones de euros.
Los regionalistas han criticado en una nota de prensa que el actual socio de Gobierno, Cs, "se haya convertido en cómplice permisivo de dichas maneras", puesto que "el tan anunciado cambio que prometieron se ha ido transformando en fraude".
"El único cambio apreciable ha sido que algunas áreas de Gobierno funcionan peor ahora que antes de llegar ellos", ha sentenciado el portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes Pila.
Según ha indicado, la mayoría de las facturas que conforman este nuevo expediente son servicios básicos para el funcionamiento del Consistorio, como el mantenimiento de los sistemas de información y otros fundamentales para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos, como la limpieza del TUS, la teleasistencia, la ayuda domiciliaria o el servicio de parques y jardines.
Servicios que, "en la mayoría de los casos, se están prestando sin contrato porque se acabó el periodo de adjudicación y las prórrogas legales, por lo que cuentan con los reparos del servicio de Intervención", ha dicho.
Por ello ha manifestado la "preocupación" de PRC por la "incapacidad" del equipo de Gobierno para lograr una licitación y adjudicación de contratos "fluida y eficaz" durante 2019, "más cuando éste debe ser uno de los pilares de la reactivación económica" del municipio después de la crisis del Covid-19.
"De poco sirve clamar por el superávit del 2019 o destinar recursos económicos a un plan de choque cuando no se tiene la capacidad de gestión necesaria para materializarlo administrativamente", ha criticado.
Fuentes Pila ha apuntado también que en los resultados de la liquidación del ejercicio 2019 se detecta que, en la ejecución del capítulo de inversiones reales, ha descendido cinco puntos en el último año y, en consecuencia, el año pasado se invirtieron solo 2,5 de cada 10 euros presupuestados.
A ello se suma el "incumplimiento de la regla de gasto" por parte de PP-Cs, "lo que lleva a la necesidad de elaborar un plan económico financiero".
Por último, el regionalista se ha mostrado a disposición del equipo de Gobierno y de los santanderinos para "arrimar el hombro y salir de esta situación", pero ha advertido de que "la urgencia de la crisis no puede eludir la transparencia necesaria en la gestión de lo público y distraernos de los problemas estructurales".
Asimismo, ha propuesto una comisión técnica para estudiar el destino del superávit en las próximas inversiones financieramente sostenibles, más allá de la autorización del Estado para destinar una parte a los efectos del COVID-19. "Creemos que en estas circunstancias excepcionales se debe exprimir cada euro del presupuesto para ponerlo al servicio de la ciudadanía", ha concluido.
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