La Corporación de Santander ha aprobado hoy de forma inicial en un Pleno extraordinario las ordenanzas fiscales para 2021, que han salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno PP-Cs y del PRC, pero que no han contado con el voto favorable del resto de grupos (PSOE, UxS y Vox) salvo en el caso del impuesto de obras, que ha sido respaldado mayoritariamente.
La sesión que se presentaba tranquila ha subido de tono con el cruce de acusaciones entre el portavoz socialista, Daniel Fernández, y la alcaldesa, Gema Igual (PP), pero no ha impedido la aprobación de los nuevos impuestos y tasas que permitirán ahorrar a los santanderinos el próximo año más de 17 millones de euros, 4,3 de ellos gracias a las modificaciones que se han refrendado hoy.
Los cuatro impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas,Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) no han tenido ningún voto en contra, como tampoco las tasas por licencia de apertura y de terrazas. Sin embargo, las tasas de alcantarillado y agua han contado con los votos en contra de PSOE y UxS, y la de basuras con la oposición socialista.
Precisamente el agua ha protagonizado algunos de los momentos más tensos de debate entre el portavoz del PSOE y la alcaldesa, pues el primero ha denunciado la "estafa masiva" de la tasa de este servicio. Ha acusado al Ayuntamiento de haber vuelto dejar caducar el expediente de reequilibrio financiero que permitiría bajar el agua a los vecinos y ha señalado que la concesionaria, Aqualia, ha tenido unas ganancias en 2019 de 2,6 millones, en 2020 de 1,8 millones y el año próximo se prevén 1,5.
A juicio de Fernández, es necesario revisar las tarifas para que lo paguen los santanderinos "vuelva a ser justo", ya que este contrato ha servido "para lanzar la carrera de algún político", ha dicho, justificando su voto en contra de bajar esta tasa el IPC (-0,6%) en este "desequilibrio económico a favor de la concesionaria".
En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de UxS, Miguel Saro, que ha justificado su voto en contra de las tasas de agua y alcantarillado en que el propio informe técnico dice que se podría haber reducido más la tasa si se hubiera aplicado un reequilibrio económico.
Saro ha recordado que hace dos años Intervención advirtió de un desequilibrio debido a la modificación que se hizo en 2012 para ajustar el recibido del agua que ha beneficiado los ingresos de la concesionaria. Se han "dejado caducar expedientes y no hay seguridad jurídica" para imponer a Aqualia medidas más restrictivas; una inacción durante estos años para reequilibrar las cuentas que ha motivado el voto en contra del edil.
Por su parte, Igual ha censurado el "malintencionado discurso" del socialista, que ha tratado de desmontar explicando que hace diez días se ha abierto expediente y que, si se ha dejado caducar, es para "hacerlo bien", precisando que en todo caso no se pierden derechos.
La regidora ha explicado que, según el contrato a diez años, en los cinco primeros Aqualia perdía más de 700.000 euros anuales y en los otros ganaba un total de 2,6 millones, es decir, una ganancia global de 180.000 euros al año durante la década. Y ha puntualizado que, hasta que haya concluido el expediente de reequilibrio, cautelarmente, se ha congelado la tarifa por dos años y en 2021 se rebaja el IPC.
La alcaldesa ha replicado a Fernández que "las estafas no se explican en un Pleno", sino que se va "a otro sitio", y le ha acusado de "manipular" informes de los técnicos.
Con todo, el socialista ha votado en contra de la tasa de agua y también de basura por el "desequilibrio económico a favor de los concesionarios", y en cuanto al resto de ordenanzas propuestas por el equipo de Gobierno PP-Cs, ha considerado que son "injustas" porque son lineales y no progresivas, no cumplen con la Constitución. Ha señalado que, al no introducir criterios de renta, responden a un modelo de "injusticia fiscal", de incremento de la desigualdad, y no ayudan a los más vulnerables sino al contrario.
Como ejemplo, se ha referido a la bajada del IBI un 2% para todos los vecinos apuntando que el "esfuerzo fiscal recae sobre los más vulnerables y beneficia a las rentas más altas", lo mismo que en el caso de la plusvalía, donde además Santander "lleva un retraso de 40 años en derechos tributarios" al haber suprimido la autoliquidación.
Fernández, que tampoco comparte la supresión de tasas de apertura de establecimientos de más de 400 metros cuadrados, ha reiterado que el equipo de Gobierno no ha incorporado las propuestas socialistas a la orden en su "nula voluntad para llegar a acuerdos". "Podríamos llegar a más acuerdos pero no es un diálogo de verdad", ha lamentado.
La alcaldesa ha censurado los "defectos capitales" del discurso del socialista, una "tela de araña", apuntando que "lo que ha dicho no es verdad", así como su "desconocimiento", por ejemplo en cuanto a las bonificaciones, que introducen progresividad en los impuestos y que, por tanto, no son lineales. También le ha reprochado no votar a favor "de que el IBI de Santander sea el más barato" y de que haya la "máxima bonificación" en la plusvalía.
En cuanto a las propuestas del PSOE a las ordenanzas, Igual ha dicho que dos "no eran legales" y respecto al resto, "algunas se pueden atender y otras no porque económicamente no llegamos a más". En todo caso, ha dejado claro que el socialista conocía la posición del equipo de Gobierno al respecto hace tiempo.
La alcaldesa ha agradecido las aportaciones de los grupos, "porque siempre hay un garbanzo negro" --ha dicho en referencia al PSOE-- y su "telaraña" y "tergiversación" no va a "ensombrecer" unas medidas que, según ha dicho, beneficiarán a los vecinos.
Por su parte, el portavoz de Cs, Javier Ceruti, también ha defendido la progresividad de las ordenanzas fiscales aprobadas, y ha insistido en que "donde mejor está el dinero es el bolsillo de los ciudadanos" y más en estos momentos de incertidumbre. En su opinión, es necesario incentivar la actividad económica para mantener el empleo, que es "la mejor política social".
La concejala regionalista, Amparo Coterillo, ha manifestado el apoyo del PRC a las medidas fiscales porque se han incluido algunas de las que ha propuesto y porque "es importante seguir la senda del acuerdo en beneficio de los santanderinos". En este sentido ha advertido que la situación obligará "a ser flexibles" y a modificar los planes y ayudas ante un impacto que puede ser "terrible".
Mientras, el portavoz de UxS ha justificado la abstención de su grupo en que no se aplican criterios de progresividad a toda la carga impositiva del Ayuntamiento y ha defendido la necesidad de ser "más estrictos" en la gestión del gasto.
Finalmente, el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha calificado como "muy positiva" la bajada de tributos pero ha advertido que será "ineficaz" y "una falacia" sino se acompaña de una reducción del gasto improductivo, por lo que hasta que ésta no se asegure, su voto será la abstención.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Víctor González-Huergo, ha calificado las ordenanzas fiscales de "humanistas" en apoyo para tratar de paliar la situación generada por el coronavirus.
