El nuevo contrato de parques y jardines podría demorarse un año, según Igual

Concentración de la plantilla de Parques y Jardines

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera que el nuevo contrato de parques y jardines podría demorarse en torno a un año después de que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento haya propuesto el desistimiento del procedimiento de adjudicación de este contrato que se había elaborado.

A preguntas de los medios de comunicación, Igual ha explicado que, tras la decisión de la Mesa de Contratación se abrirá un plazo de alegaciones para las empresas que se presentaron a esa licitación, que habitualmente es de diez días, según ha explicado, y, una vez resueltas, tendría lugar un segundo paso que sería comenzar a la redacción del nuevo pliego del contrato, algo que podría tardar "unos meses", luego se sacaría a licitación y, posteriormente, se realizaría la adjudicación.

Este proceso puede alargarse un año, según las previsiones de la alcaldesa que, sin embargo, ha subrayado que el servicio está atendido.

La alcaldesa ha señalado que se trabajará para que ese nuevo pliego que se redacte tenga todos los "datos correctos" y actualizados para que las empresas interesadas en optar al contrato conozcan las necesidades actuales del servicio y toda la información sobre los trabajadores del servicio, además de establecer mecanismos de control para que se respete el contrato.

Fue este viernes cuando el Ayuntamiento informó de que la Mesa de Contratación municipal había propuesto el desistimiento del procedimiento de adjudicación del polémico contrato de parques y jardines, en base a los informes técnicos aportados, que evidencian, por una parte, que existen nuevas necesidades que deben incluirse en la licitación; y, por otra, que los pliegos se redactaron siguiendo datos erróneos respecto al número y categorías del personal asignado a la prestación del servicio.

Los integrantes de la Mesa han valorado dichos informes en su reunión de ayer, concluyendo que su contenido respalda y justifica la declaración del desistimiento.

LA OFERTA MEJOR VALORADA

El complejo procedimiento de licitación se inició el 29 de agosto de 2017 y se resolvió el 22 de noviembre de 2018 considerándose como la oferta mejor valorada, conforme a los criterios establecidos, la de la UTE formada por las empresas Imesapi-Copsesa-La Encina, con un presupuesto de 7,71 millones de euros anuales y un plazo de cuatro años, prorrogable por otros dos períodos de un año cada uno.

Comenzó entonces una intensa campaña de protestas de los trabajadores de parques y jardines, que advirtieron que era una oferta claramente insuficiente para hacer frente a los salarios de los 200 empleados a subrogar, mantener sus condiciones y derechos laborales y que el servicio se preste con la misma calidad.

El Ayuntamiento precisa que al solicitar la documentación acreditativa de la totalidad de los costes salariales de los empleados, se evidenció en los preceptivos informes jurídicos y económicos un margen muy estrecho para atender el resto de obligaciones del contratista, por lo que se decidió elevar una consulta a la Junta Consultiva, que fue realizada en abril de 2019.

Mientras se estaba a la espera de la respuesta de dicho organismo, el servicio de Intervención Municipal emitió un informe el 22 de noviembre de 2019 donde se constata el incumplimiento de la actual adjudicataria respecto al número de personal asignado a la prestación del servicio.

Dicha circunstancia afecta a la licitación del nuevo contrato en cuanto a la formulación de ofertas en condiciones de igualdad, concurrencia, igualdad y no discriminación, lo que no sería subsanable, precisa el equipo de Gobierno.

De otro lado, y tras el informe de control financiero, el servicio de Parques y Jardines no ha dispuesto de técnico hasta el 5 de mayo, encargándose desde ese momento del análisis del pliego de prescripciones técnicas particulares.

Así, en su informe determina la necesidad de incluir en el documento base de licitación el requisito ineludible de establecer las instrucciones necesarias para el correcto control del servicio.

A la vista de estos documentos, "con la concurrencia de las citadas causas justificadas y actuando por razones de interés público", la mesa de contratación ha adoptado el acuerdo de desistimiento, "validado por resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales", señalaba el Ayuntamiento.

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