El Ayuntamiento de Santander aún no sabe si se recurrirá la sentencia que anula la sanción de 46.000 euros impuesta por esta Administración a la empresa SIEC a raíz del incendio registrado en el Museo de Arte Contemporáneo, MAS, en noviembre de 2017, por incumplimiento de las obligaciones del contrato de obras de accesibilidad arquitectónica y reforma de la cubierta del museo.
Así lo ha informado hoy el portavoz del equipo de Gobierno (PP-Cs) de Santander, Javier Ceruti (Cs), a preguntas de la prensa tras conocerse ayer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, de la que se ha dado cuenta hoy en la Junta de Gobierno local.
Ceruti ha comentado que existe una vía de recurso, "que no sabemos todavía si se ejercitará o no, en función de los informes lo sabremos", y ha indicado que los portavoces políticos valorarán "en profundidad" la sentencia cuando tengan información "más detallada" sobre ella.
En cuanto a las responsabilidades políticas que el Grupo Municipal Socialista exige que se depuren, el concejal de Cs, que desconocía esta petición, ha declarado que "cómo no va poder valorar la oposición de manera crítica las actuaciones del equipo de Gobierno" y acto seguido ha recordado que el incendio se produjo hace tres años --cuando el PP gobernaba en solitario--.
"En su momento se valorará por todos, por la oposición y por cada uno de los partidos del equipo de Gobierno", ha concluido.
El juez Luis Acayro Sánchez, en una sentencia fechada el 21 de abril a la que tuvo acceso Europa Press, estima el recurso de la empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de octubre de 2018 que le impone la citada multa, y lo anula y deja sin efecto "al no ser ajustada a derecho", a la vez que impone las costas procesales al Ayuntamiento.
La sentencia se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el plazo para hacerlo no empezará a computar hasta que se levante el estado de alarma.
Tras el incendio registrado en el MAS en la madrugada del 20 de noviembre de 2017 en el área del almacén, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador a la adjudicataria de las obras al entender que se habría producido un incumplimiento de las condiciones del contrato, por haber desactivado el sistema de detección de incendios en el edificio durante la ejecución de las obras sin autorización ni conocimiento previo de la administración.
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El juez concluye que la empresa no incumplió ninguna medida de seguridad ni desactivó el sistema de detección de incendios sin conocimiento ni autorización de la Administración.
