El PSOE pide más recursos en el II Plan de Choque de Santander para luchar contra la pobreza

Cargos socialistas en la visita a Cáritas

El PSOE ha pedido hoy más recursos en el II Plan de Choque de Santander, dotado con casi 60 millones de euros, para luchar contra la pobreza y exclusión social en el municipio.

Así lo han expresado el secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, la vicesecretaria general, Ainoa Quiñones, y el portavoz municipal, Daniel Fernández, tras mantener una reunión de trabajo con la directora de Cáritas en Cantabria, Sonsoles López.

Tras destacar los socialistas el "esfuerzo" que han hecho los gobiernos de España y Cantabria, y también organizaciones como Cáritas, para atender las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, Fernández ha sostenido que éste "debe acompañarse también desde lo local, desde los ayuntamientos como el de Santander".

"Exigimos una política social más activa en la lucha contra los problemas y la falta de recursos de muchas familias santanderinas. Lo pedimos en el primer plan de choque y lo volvemos a pedir ahora: lo urgente, lo prioritario, es ayudar y proteger a los ciudadanos, para los que el Fondo de Emergencia Social de 300.000 euros es claramente insuficiente", ha sostenido Fernández.

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Por su parte, Casares ha destacado que cuando comenzó la pandemia, muchas organizaciones y asociaciones como Cáritas "no dudaron ni un momento en dar lo mejor de sí para ayudar a combatir la pobreza y la desigualdad".

Y Quiñones ha afirmado que su labor todos estos meses "ha sido fundamental para hacer barrera y dique de contención de la pobreza".

IMV

Por otra parte, el Casares ha asegurado que el Ingreso Mínimo Vital "ha venido para quedarse", con el objetivo de "proteger a quienes menos tienen y más nos necesitan y para no dejar a nadie atrás", y ha recordado que esta semana los socialistas en el Congreso han presentado y aprobado una proposición no de ley para que el IMV llegue también a 33.000 personas sin hogar en España.

Quiñones ha destacado que este "nuevo derecho de ciudadanía", puesto en marcha por el Gobierno de España, llega ya en marzo a 6.700 personas en Cantabria, de las que el 44% son menores.