El Grupo Regionalista ha responsabilizado al equipo de Gobierno de Santander (PP-Cs) de la "falta de control" en la fiscalización interna de la Administración pues, según han dicho, el Plan de Control Financiero de 2020 refleja que el Ejecutivo local "no ha hecho nada" por corregir las deficiencias y necesidades que contemplaba el informe de 2019.
En un comunicado, el PRC ha manifestado su "absoluto malestar" ante las conclusiones del Plan de Control de 2020 que, a su juici,o ponen en evidencia "el absoluto pasotismo" del equipo de Gobierno por corregir las deficiencias y necesidades que lleva reclamando hace tiempo el Servicio de Intervención ante la falta de personal y medios para poder llevar a cabo sus funciones de control y fiscalización.
Los regionalistas apuntan que, de nuevo en este informe, "tal y como recogía el de 2019", se evidencia que la maquinaria del Ayuntamiento de Santander funciona "al ralentí", lastrada por una sobrecarga generada en su "propia ineficiencia" que repercute de manera directa en la economía de la ciudad en cuanto a la supervisión de contratos y fiscalización de expedientes.
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Por ello responsabilizan al Gobierno de no tomar las medidas correspondientes ante estas advertencias, llegándolas a convertir en un "mal endémico" de esta administración.
Además de la "ausencia de una administración electrónica" que imposibilita disponer de documentación en tiempo real o la inexistencia de protocolos para compartir información entre departamentos, la "insuficiencia" de medios personales "era y sigue siendo" otra de las carencias en el servicio, a lo que se suma la ausencia prolongada de un técnico superior adscrito al control financiero, junto al hecho de que más del 28% de los expedientes son devueltos.
En lo referente al área de control financiero, el plan señala la necesidad de que se verifique el cumplimiento estricto de las prestaciones contratadas por los servicios gestores, dejando constancia documental de dicha verificación "de forma regular" y al menos con ocasión de cada periodo facturado, poniendo de manifiesto, en forma temprana, los eventuales incumplimientos.
En este sentido, los regionalistas han recordado que el informe de 2019 aconsejaba incoar expedientes de imposición de penalidades y de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales, "llamándonos la atención que en el de 2020 se indique que no hay constancia de la ejecución de dicha medida".
"La Intervención del Ayuntamiento de Santander realiza una encomiable e intensa labor, por lo que creemos que ya es hora que este Gobierno tenga en cuenta las necesidades del servicio y dote de los recursos solicitados a este departamento", ha concluido el PRC.
