El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santander ha presentado una moción al Pleno ordinario de abril, que se celebrará este jueves, en la que solicita al Gobierno de Pedro Sánchez acciones concretas contra la ocupación y en defensa de los propietarios y vecinos de Santander, como la modificación inmediata del RDL 1/2021 y la supresión de las disposiciones "que no solo legalizan la ocupación, sino que blindan al ocupante restringiendo la posibilidad de su desalojo".
Así lo ha asegurado el portavoz del PP en Santander, César Díaz, quien ha afirmado que las entidades locales, como las administraciones más cercanas a los ciudadanos, conocen "los graves prejuicios" que genera la ocupación ilegal tanto para los propietarios como para los vecinos y los barrios en su conjunto.
"El PSOE y sus socios están más preocupados en proteger a los okupas que en defender la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y en los barrios", ha lamentado Díaz.
La moción insta además al Gobierno a realizar las reformas legislativas necesarias para acabar con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado, reconocer la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas y poder acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
Igualmente, el Partido Popular instará a los socialistas a reconocer la figura del administrador de fincas como denunciante, desalojar las viviendas ocupadas en un plazo máximo de 24 horas, reforzar las penas del delito de usurpación con hasta tres años de cárcel y tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas.
"El PSOE y sus socios radicales blindan al delincuente y atacan gravemente el derecho constitucional a la propiedad privada, además de cuantiosos perjuicios económicos y problemas de inseguridad a los legítimos propietarios", ha criticado Díaz.
"Ya no es que no hagan nada para faciltar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y familias que más lo necesitan, al margen de anuncios que nadie se cree a un mes de las elecciones, es que penalizan a los más de cuatro millones de pequeños propietarios que en nuestro país tienen el alquiler como complemento a su renta o pension", ha añadido.
El texto que el Partido Popular presentará este jueves al Pleno incluye además la necesidad de simplificar la resolución de contratos de suministro cuando la vivienda se encuentre en el registro de inmuebles ocupados y la prohibición de la inscripción en el padrón a los okupas de una vivienda.
