La Plataforma en Defensa del Tren Santander-Bilbao ha denunciado que esta línea siga con las frecuencias reducidas a menos de la mitad, con un solo tren al día en cada dirección, a pesar de que ya no existen restricciones de movilidad tras la caída del estado de alarma, según ha informado en un comunicado.
Esta reducción de frecuencias desde el inicio de la pandemia del coronavirus deja "completamente abandonada a la población afectada" y, en concreto, la plataforma ha asegurado que "el fin del estado de alarma no ha llegado a las comarcas de Enkarterri y Asón", para cuyos vecinos esta línea es un transporte público "esencial" porque es "utilizado para desplazamientos cotidianos hacia las ciudades o cabeceras comarcales".
Este colectivo ha afirmado que esta reducción de frecuencias "incumple" la regulación europea y estatal, que obliga a garantizar los servicios ferroviarios declarados como "Obligación de Servicio Público" (OSP), entre los que se encuentra la línea Santander-Bilbao.
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Concretamente, según ha denunciado la plataforma, esta reducción de frecuencias supone un "incumplimiento" del acuerdo firmado en diciembre de 2018 por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la empresa pública Renfe Viajeros, en el que se determinan las condiciones para la prestación de los servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público para los años 2018-2027.
La Plataforma ha precisado que en este acuerdo se establecen las frecuencias mínimas, en concreto, 57 circulaciones a la semana, entre las que constan un mínimo de tres trenes diarios de Bilbao a Santander y de Santander a Bilbao, a los que se le suman, entre semana, dos trenes más entre Santander y Marrón y otro entre Karrantza y Bilbao.
Según ha denunciado, esas circulaciones previstas "se han incumplido de forma flagrante" con la reducción a un solo tren en cada dirección. "¿Cómo se puede mantener el incumplimiento de este contrato, sin la excusa de un Estado de Alarma?", se ha preguntado.
"POBLACIÓN ABANDONADA"
Además, ha asegurado que no solo se está incumpliendo "un contrato legal", sino que se ha dejado "completamente abandonada a la población afectada, sin ningún tipo de información y con un desconocimiento total sobre el futuro de la línea".
"Y todo ello a pesar de los numerosos intentos de la Plataforma enDefensa del Tren Santander-Bilbao por conseguir información a través de la propia empresa, el ministerio de Transporte, los gobiernos autonómicos y el defensor del pueblo", ha añadido.
La Plataforma ha asegurado que la única respuesta que les han dado es que "la oferta de frecuencias permitida en estos momentos es equivalente al 30-40% de la oferta anterior a la pandemia" y que se "ampliará gradualmente a medida que se vayan recuperando los índices de ocupación en los trenes".
Sin embargo, a su juicio, los índices de ocupación no se podrán recuperar en estas condiciones, ya que, con un solo tren diario en cada dirección, es "imposible utilizarlo con normalidad".
La Plataforma ha indicado que se trata, de un "nuevo agravio" para unos vecinos "que llevan más de 400 días sin trenes", ya que, "con la excusa de la pandemia, el gobierno español -con el acuerdo tácito degobierno vasco y gobierno de Cantabria- ha decidido dejarles abandonados".
Además, ha recordado que no "existen alternativas de transporte público reales", ya que los autobuses "no cubren toda la línea, alargan el tiempo de transporte entre 30 y 60 minutos y generan muchas dificultades para la gente con problemas de movilidad, que viajan con bebés o personas mayores".
"Todo ello genera muchos problemas, ya que esta línea, a pesar de ser de media distancia, da un servicio que se asemeja más al de los trenes de cercanías. Se trata de un transporte público esencial para las comarcas de Enkarterri y Asón al ser utilizado para desplazamientos cotidianos hacia las ciudades o cabeceras comarcales", ha manifestado la plataforma que ha asegurado, por tanto, que "el fin del estado de alarma no ha llegado a los pueblos de Enkarterri y Asón".
Por último, ha recordado que llevan casi un año reclamando el aumento de frecuencias para que "respondan a las necesidades reales, e inversiones en la línea, que garanticen la seguridad y puntualidad", unas demandas que "han sido respaldadas por más de 7.118 firmas y 15 plenos municipales".
