Tres de las siete familias afectadas por la tragedia de la pasarela costera de El Bocal de Santander se ha personado en la causa judicial abierta por este suceso además del Ayuntamiento y también la por ahora única investigada: la policía local que atendió un día antes la llamada de alerta del 112 y no gestionó la incidencia.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, a los familiares de uno de los siete jóvenes que la tarde del 3 de marzo pasaban por la estructura de madera cuando colapsó y cayeron al mar -seis fallecieron y una resultó herida grave- que ya se habían personado en el procedimiento se han sumado dos allegados más, todos ellos como perjudicados.
Además, también está personado el Consistorio, como interesado según fuentes municipales, aunque en una diligencia de ordenación, fechada el 8 de marzo, se admite su personación y se hace constar que lo es "en su condición de posible responsable civil", han precisado a esta agencia fuentes judiciales.
Asimismo, en la causa, que instruye la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, se ha personado la agente de la Policía Local citada a declarar (el 27 de marzo) en calidad de investigada, por no gestionar la incidencia tras el aviso, la jornada previa, del Servicio de Emergencias de Cantabria, que a su vez había sido alertado del mal estado de la pasarela por un vecino de la zona.
Por ello, el Ayuntamiento, y en base al informe que solicitó a la Jefatura del Cuerpo, aprobó incoar expediente disciplinario a esta agente, aunque se ha suspendido la tramitación del mismo hasta que haya resolución judicial sobre el asunto. Tras el suceso, no está en su puesto de trabajo y se encontraría de baja laboral por lo ocurrido.
Y además, según ha avanzado El Diario Montañés este jueves y ha confirmado EP, la operadora del 112 que recibió la llamada de ese ciudadano -llamada que trasladó al Cuerpo municipal- deberá comparecer ante la magistrada, junto a más testigos y también el día 27, acompañada de un abogado, por si tras su testimonio pasa a ser investigada.
Por lo demás, fuentes próximas a Costas consultadas por esta agencia no han podido precisar si este departamento está o no personado en la causa judicial o si va a dar ese paso.
Entre tanto, esta Demarcación y el Ayuntamiento recopilan la documentación requerida por la magistrada que instruye el caso, al igual que hace el 112.
En concreto, el Servicio de Emergencias del Gobierno regional deberá dar cuenta de si ha habido más llamadas alertando del mal estado del puente que se rompió y hundió a raíz del fallido proyecto de la senda -se paralizó hace más de una década por la oposición ciudadana- y, en ese caso, que aporte los audios.
El Ayuntamiento también estaba "preparando" para aportar "a la mayor brevedad" la documentación judicial solicitada sobre la senda costera, relacionada con expedientes administrativos e informes técnicos del proyecto de construcción y ejecución, y también sobre conservación y mantenimiento de los elementos de este paseo marítimo, que va desde el faro de Cabo Mayor hasta La Maruca. El Consistorio tiene de plazo para entregarlo hasta el próximo martes, 17 de marzo.
De igual modo, Costas recibió la petición formal de esa misma documentación por parte de la jueza el lunes, 9 de marzo, vía oficio a la Demarcación de Costas, y están recopilando "todo" lo requerido, y que igualmente se prevé entregar en el periodo de tiempo dado.
Todas estas diligencias se enmarcan dentro de las primeras que ha decidido la jueza encargada de la instrucción tras recibir, a mediodía del viernes, el "detallado y minucioso" atestado elaborado "en tiempo récord" por agentes de las brigadas provinciales de Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional en Cantabria.
En una providencia, la jueza acordó la citación de distintas personas el 27 de marzo, entre ellas la agente investigada y la operadora del 112, pero también otros testigos, como el vecino que realizó la llamada a Emergencias, los dos ciclistas que alertaron del suceso y los dos efectivos de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pidió que se mantenga el precinto y exigió la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, tal y como se hizo. Y además, requirió a Costas y al Ayuntamiento que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación.
Junto a todo lo anterior, realizó el ofrecimiento de acciones a los familiares de las seis víctimas mortales (cinco chicas y un chico), así como a la única superviviente -todos ellos estudiantes del CIFP La Granja de Heras- si desean personarse en la causa, paso que ya han dado tres de las familias.
