La Coordinadora Cántabra por Pensiones Públicas y Dignas ha anunciado una denuncia penal contra la concejala del PP de Santander, Lorena Gutiérrez, quien, según afirman, les "ordenó" en una de sus movilizaciones, la del 24 de octubre, "retirar una pancarta" y marcharse de la Plaza Consistorial, ya que este hecho atenta contra el derecho de reunión, argumentan.
Sin embargo, el Ayuntamiento, según expuso ayer en nota de prensa, considera que se ha "malintepretado" lo que sucedió, pues únicamente se les pidió que retirasen su pancarta e interrumpiesen su megafonía durante el minuto de silencio por el fin de la guerra en Ucrania que se celebra cada día 24 en la plaza desde el comienzo del conflicto.
La Coordinadora se ha manifestado este martes para defender el derecho de reunión después de que fueran denunciados por desobediencia por la Policía Local por los citados hechos en la Plaza del Ayuntamiento.
Así, al mediodía se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde han sido recibidos por su titular, Ainoa Quiñones, y posteriormente, en la Plaza del Ayuntamiento, para reivindicar el "respeto" a los pensionistas que cada lunes acuden a esa plaza a defender el sistema público de pensiones.
El portavoz de la Coordinadora, Gonzalo Barredo, ha valorado la reunión con Quiñones como "satisfactoria" porque se han cumplido "los objetivos con los que veníamos", además de que la delegada les ha invitado a nuevos encuentros.
En relación a la denuncia policial por desobediencia, que asciende a 100 euros y que han recurrido, Quiñones les ha recomendado "una serie de reuniones, con la Policía Nacional, etcétera, para intentar aclarar el incidente", ha explicado Barredo, que ha subrayado que para la Coordinadora, "no es un tema de cantidad sino de defensa del derecho de reunión".
"Porque lo que ocurrió fue que la concejala, haciendo uso de su autoridad, bajó a la plaza y les dijo a los compañeros 'recoged esa pancarta y marcharos de aquí'. Cuando alguien ha comunicado legalmente todo lo que tiene que hacer para reunirse, venir a interrumpir una reunión es atentar contra el derecho de reunión, un derecho fundamental", ha denunciado Barredo, que ha anunciado que en la Coordinadora "estamos en trámite de presentar una denuncia penal contra la concejala por atentar contra el derecho de reunión".
Los otros dos puntos que han tratado con la delegada del Gobierno son las cuentas básicas gratuitas, donde Quiñones se ha comprometido a enviar el escrito reivindicativo al Gobierno de España para hacerlo llegar al Parlamento y que "el derecho a no ser excluido financieramente se haga realidad"; y la falta de financiación estatal a la Ley de Dependencia, donde Quiñones "nos va a informar detalladamente de todo el dinero que llega tanto del Estado como de la comunidad para justificar de forma definitiva esta demanda", ha concluido.
