La jueza de El Bocal aplaza al 25 de septiembre la declaración como investigado del representante legal de Dragados

La jueza que instruye la causa por la tragedia de El Bocal ha aplazado al próximo 25 de septiembre la declaración como investigado del representante legal de Dragados, la empresa contratista que ejecutó la senda costera que incluye la pasarela que colapsó en marzo y causó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra. La magistrada le había citado este 31 de julio pero ha pospuesto la vista casi dos meses, han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordó su citación como investigado en un reciente auto, en el que además declaró a la empresa como posible responsable civil. Lo decidió así al estimar el recurso presentado por una acusación particular contra su decisión inicial de llamarle como testigo.

La instructora acordó iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados, concretamente por el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Demarcación de Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela.

En su resolución, explicaba que ambos peritos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Concretamente, el perito judicial indicó que, en el proyecto, los rastreles y durmientes "aparentan continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud".

Aunque para el perito judicial la variación "no resulta significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global", los dos peritos citados "resultan más contundentes al respecto".

Para uno, la decisión de dividir en dos segmentos iguales cada rastrel "debilitó la robustez del conjunto", mientras que para el otro "supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución".

A la luz de sendas periciales, la magistrada apreciaba que, si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado "no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero", dando lugar a un "efecto trampilla".

Por todo ello, concluyó que "tal posible negligente hacer imputable a la empresa constructora pudo tener alguna incidencia en el resultado final del siniestro, lo que justifica la declaración del representante de la contratista en calidad de investigado y la declaración de la responsabilidad civil de Dragados".

El auto que resolvía el recurso de reforma no es firme y contra el mismo cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

SIETE INVESTIGADOS.

Desde que inició la instrucción, a raíz del accidente del 3 de marzo, la magistrada ha practicado diligencias tendentes a esclarecer los hechos y ha iniciado la acción penal frente a siete personas.

Se trata de la gestora del 112 que un día anterior recibió la llamada de un vecino que alertaba del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera, y ahora el representante de la empresa contratista que construyó la infraestructura.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y ahora también a la empresa Dragados.