Jueces de lo Social de Santander denuncian "disfunciones" por falta de personal y urgen reforzar la Sección de Instancia
Los jueces de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander han denunciado una serie de "disfunciones" derivadas de "déficit" de personal que afectan "gravemente" al funcionamiento del servicio público de Justicia en este orden jurisdiccional y urgen a reforzar esta Sección con más medios humanos.
En concreto, reclaman dos letrados de administración de justicia, uno para la tramitación y otro de apoyo para la ejecución social; y cuatro funcionarios: dos adicionales para tramitación y otros tantos para la ejecución social.
Según los magistrados, este personal resulta "imprescindible" para garantizar un funcionamiento "mínimamente adecuado" del servicio y evitar un "mayor deterioro" de la tutela judicial efectiva en el ámbito social. Lo recogen así en el acuerdo aprobado por la Junta de Jueces de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander en su última reunión.
En el encuentro, los titulares de las seis plazas de esta sección han decidido por unanimidad trasladar al presidente del Tribunal de Instancia de Santander y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria las "disfunciones", "anomalías" o "faltas" detectadas, especialmente desde enero de 2026, cuando se implantó el tribunal de Instancia de Santander al entrar en vigor de la Ley de medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Pero casi seis meses después, los jueces de lo Social ven "con preocupación la persistencia de importantes disfunciones organizativas, con grave repercusión en el adecuado funcionamiento del servicio", sin que hasta la fecha hayan sido "corregidas". Al contrario: están "agravando notablemente la ya alarmante pendencia existente y la demora en los señalamientos" de juicios y vistas en la Sección Social, derivadas de la "insuficiencia" de plazas judiciales.
Por eso, dicen, no pueden permanecer "ajenos a la demora y, en ocasiones, paralización" de expedientes judiciales, así como a las "suspensiones" de juicios derivadas del "déficit" de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.
SERVICIO DE TRAMITACIÓN
Del servicio de tramitación de la Sección Social, señalan que ha sido asumido por dos LAJ, lo que en la práctica supone uno por cada tres plazas judiciales, "insuficiente" para atender la "elevada" carga de trabajo en la jurisdicción social y que se "agrava" con vacaciones, permisos u otras ausencias, cuando "una sola LAJ pasa entonces a asumir la gestión de las seis plazas".
La Junta de Jueces indica que la tramitación de los asuntos es desempeñada ahora por 16 funcionarios --"menos de tres por plaza"-, frente a los 19 de antes, a lo que suma que en el modelo anterior los funcionarios destinados a ejecución --habitualmente dos gestores por juzgado-- y los auxilios judiciales --dos por juzgado-- colaboraban, "con mayor o menor intensidad", en labores de tramitación.
Según los jueces, dicho déficit de LAJ y funcionarios en la tramitación es consecuencia de haberse destinado tres funcionarios y dos LAJ de a una Sección de Conciliación de nueva creación, lo que ha generado una "desproporción" (2 LAJ de trámite para 6 plazas y 2 LAJ para Conciliación). Consideran que este servicio debe ser "un complemento" que coadyuve al de la justicia y "no una innovación en detrimento de la tramitación" de asuntos al reducirse su personal.
SERVICIO DE EJECUCIÓN
Mientras, los jueces de lo Social ven el servicio de ejecución en este ámbito en una situación de "evidente estancamiento" con un número de funcionarios adscritos "manifiestamente insuficiente", pues actualmente existen solo "cuatro" para atender las seis plazas, cuando antes eran dos por juzgado.
"La ejecución social está actualmente a cargo de dos LAJ que, además, asumen simultáneamente la ejecución de varias plazas del orden civil", añaden los jueces, que urgen así un refuerzo de personal de la Sección Social del Tribunal e Instancia de Santander.