IU pregunta por el coste de las sentencias y reclamaciones del personal de Santander
El concejal de Izquierda Unida (IU) en Santander, Keruin Martínez, ha registrado una serie de preguntas de cara al próximo Pleno para conocer el coste de las sentencias y reclamaciones del personal municipal, y ha pedido datos de indemnizaciones abonadas, plazas caducadas y procesos abiertos.
En una nota de prensa, la formación ha detallado que la iniciativa se apoya en el recurso pendiente de resolución de un oficial de la Policía Local que alega haber hecho labores de subinspector y reclama al Ayuntamiento (PP) derechos económicos y administrativos por desempeñar funciones superiores durante años y el retraso de la promoción interna.
"De estimarse, podría traducirse en un nuevo coste para las arcas municipales", ha apuntado Martínez, que ha criticado "la forma negligente de gestionar una materia tan sensible".
Por ello, ha pedido al equipo de Gobierno "seriedad y no declaraciones frívolas", ya que "el problema es la mala gestión de los recursos públicos y el derroche permanente".
SENTENCIAS Y RECLAMACIONES
Además, ha asegurado que existen otras reclamaciones en tramitación, como recursos vinculados a carrera profesional y reconocimiento de niveles y funciones superiores "desempeñadas durante años sin regularización definitiva".
Para IU, la acumulación de expedientes y litigios "evidencia una gestión reactiva que puede seguir generando costes evitables para el Ayuntamiento".
El edil ha detallado que en 2023 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 condenó al Ayuntamiento a admitir e indemnizar a dos aspirantes a policía tras resolver una convocatoria con menos plazas (36) de las 47 ofertadas inicialmente, y que fueron compensados por las cantidades dejadas de percibir desde la fecha en la que debieron incorporarse.
Igualmente, ha indicado que en enero la justicia anuló el proceso selectivo de diez plazas de auxiliar administrativo al caducar la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2019, los que "retrasó la incorporación de personal necesario para reforzar servicios municipales ya sometidos a una fuerte presión".
Por ello, ha criticado al concejal del Hacienda, Javier García, y al director general de Recursos Humanos, Juan Doñabeitia, cuya gestión ha calificado de "fracaso" al tiempo que ha censurado su "demostrada incompetencia" para desempeñar esos cargos.
Sobre la Policía Local, ha insistido que cuenta con instrumentos de planificación "claramente desfasados", ya que la valoración de puestos de trabajo y los informes de necesidad son de "los años ochenta" y la Relación de Puestos de Trabajo --en el eje del actual conflicto con el Ayuntamiento-- "fue aprobada en 1995 sin una actualización integral posterior". A su juicio, la falta de revisión "dificulta la cobertura ordenada de vacantes, la promoción interna y una adecuada planificación de efectivos y medios materiales".
Por ello, preguntará cuántos procesos selectivos han sido anulados, suspendidos o retrasados desde 2015; cuántas plazas han caducado sin ejecutarse; cuántas sentencias firmes se han dictado contra Santander por asuntos de personal; y cuánto se ha abonado en indemnizaciones, atrasos, intereses y costas judiciales.