El Gobierno de Cantabria ha autorizado una aportación económica de 1,16 millones de euros a la empresa pública Gesvican para ejecutar actuaciones de mejora en inmuebles afectados por el derrumbe que se produjo el pasado enero en Nueva Montaña y también para el inmueble que ocupa en la calle Alta de Santander la sede de la Consejería de Obras Públicas.
Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.
Fuentes del Gobierno han concretado que una parte importante irá a los inmuebles afectados por el derrumbe ocurrido en la calle Tomás y Valiente de Nueva Montaña.
Concretamente, esta parte irá dirigida a las actuaciones de desescombro y estabilización de los garajes afectados por el derrumbe; a la reconstrucción parcial de los garajes subterráneos, a la urbanización del espacio superior a los mismos y a obras de permeabilización.
En lo que se refiere a la partida destinada a la sede la Consejería de Obras Públicas, se dirige a la colocación de lamas de sombreamiento sobre la fachada del edificio.
SE REDUCE LA APORTACIÓN A LA EDICIÓN DEL FIS DE 2020
En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado una aportación de 337.000 para la edición celebrada este año del Festival Internacional de Santander (FIS), partida inferior a la de 600.000 euros prevista inicialmente para este evento.
El vicepresidente regional ha explicado que esta reducción se debe a los "contratiempos y al ajuste de la programación" que generó la pandemia del COVID-19.
OTROS ACUERDOS
También se ha acordado conceder ayudas por valor de 200.000 euros a diferentes ayuntamientos costeros para la limpieza de las playas rurales y se ha autorizado el pago de unos 39.400 euros para el contrato de redacción de la asistencia téncica para la redacción drle proyecto de trazado de la variante de Ampuero.
Además, se ha autorizado un convenio entre el Instituo Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el CERMI para desarrollar un proyecto de coordinación, asesoramiento y gestión de programas de atención a personas con discapacidad, con un coste de más de 15.600 euros.
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