La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el conjunto de regidores de las ciudades más pobladas de España han reclamado el miércoles al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que el Gobierno apruebe un fondo de rescate para el transporte público, que se ha llegado a estimar en unos mil millones de euros.
Según ha informado el Ayuntamiento de Santander, durante su intervención en una reunión telemática para discutir cómo pueden abordar las administraciones locales la vuelta a la normalidad en el transporte y su impacto en la movilidad de las ciudades, Igual ha aprovechado para exponer al ministro la situación de Santander.
Así, ha explicado que la empresa de Transporte Urbano (TUS) tendrá que soportar un déficit suplementario de 2,5 millones de euros "teniendo en cuenta que ha perdido el 95% de los usuarios y, con las medidas de seguridad establecidas, solo se puede ocupar el 30% del espacio disponible en los autobuses", ha precisado.
Igual ha puesto de manifiesto que los costes generados por el transporte público tras la situación provocada por el Covid-19 son "inasumibles" por los ayuntamientos y por ello ha insistido en que es necesaria una "total implicación del Estado".
"Volvemos a pedir que nos den lo que nos deben -el IVA del 2017; que no nos quiten lo que es nuestro -el superávit y los remanentes- y que nos aporten mayor financiación para afrontar los nuevos gastos", ha recalcado.
"¿Con cuánto dinero vamos a contar, cuándo nos lo van a dar y cómo vamos a devolver la confianza en el transporte urbano?", ha preguntado al ministro, sugiriendo que se necesita una campaña a nivel supramunicipal para promover el uso de los autobuses y fomentar la confianza entre la población.
Para ello ha reivindicado que se establezcan protocolos claros de seguridad e higiene cuyo coste debe ser asumido por el Gobierno para recuperar los aforos con total seguridad para los usuarios.
La alcaldesa considera "incompleto y poco profundo" el documento presentado por el ministro "dado que falta lo más importante, el capítulo económico, donde el Gobierno aporte a los ayuntamientos la financiación necesaria para afrontar el déficit, adaptar las medidas sanitarias de seguridad o reforzar el servicio", ha sostenido.
En su opinión, existe un coste social -"porque va a haber personas que no tengan otra alternativa al transporte urbano"-, otro medioambiental -"dado que no se puede ofrecer como única alternativa el vehículo privado, por lo que supone de contaminación y colapso en las ciudades"- y el económico.
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