Ayuntamiento de Santander pierde sentencia por diferencias retributivas extrapolables a cien trabajadores, según CSIF
La Plaza nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado íntegramente la demanda presentada por un afiliado de CSIF Cantabria y ha reconocido que los nuevos niveles mínimos de complemento de destino establecidos en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto-Ley 6/2023 resultan aplicables al personal de las entidades locales, debiendo abonarse las correspondientes diferencias retributivas desde la entrada en vigor de la misma.
La sentencia ha condenado al Consistorio a modificar el nivel de complemento de destino del trabajador afectado, pasando del nivel 12 al 14, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024, así como al abono de las cantidades dejadas de percibir, los intereses legales y las costas procesales.
Según CSIF, esta sentencia es extrapolable a un centenar de trabajadores municipales.
El procedimiento tiene su origen en la reclamación formulada por un agente de Movilidad del Ayuntamiento de Santander, que solicitó la adaptación de su nivel de complemento de destino a los nuevos intervalos fijados por la normativa estatal.
Tras este pronunciamiento judicial, CSIF Cantabria ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que "aplique de oficio los efectos de la sentencia a todos los empleados municipales afectados por esta situación, evitando así que cada trabajador tenga que acudir individualmente a los tribunales para reclamar un derecho ya reconocido judicialmente".
La organización sindical reclama el reconocimiento y abono retroactivo de estas cantidades al personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, a los Agentes de Movilidad Urbana, a los Profesores de Música y Artes Escénicas del Conservatorio Municipal y a los Profesores de la Banda Municipal de Música.
CSIF Cantabria ha considerado que el Ayuntamiento debe "asumir el criterio fijado por la sentencia y proceder a la regularización de la situación de todos los trabajadores afectados, evitando una cascada de reclamaciones judiciales que podrían traducirse en nuevas condenas en costas y un mayor perjuicio económico para las arcas municipales".
El sindicato considera que esta resolución confirma que la organización actuó correctamente al exigir "desde el primer momento" la aplicación de una norma que reconocía derechos retributivos para numerosos empleados públicos municipales.