Las defensas de los acusados por el incendio en el interior del garaje de una comunidad de propietarios de el barrio El Alisal ocurrido en abril de 2024 han manifestado que no entrarán a discutir la responsabilidad civil que se les reclama por los daños, de modo que el juicio se centrará exclusivamente en determinar la responsabilidad penal y la autoría de los procesados en la comisión de los hechos, por los que el fiscal les pide cuatro años de prisión.
El salón de actos del complejo judicial Las Salesas ha acogido este miércoles la audiencia preliminar por esta causa, que corresponde a la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander. Ésta no ha servido para que las partes llegaran a un acuerdo que evitara celebrar el juicio, pero sí para descartar varias testificales al no tener que litigiar por la responsabilidad civil que reclaman los afectados por el incendio, que tuvo lugar en incendio en el garaje comunitario de los números 54 a 68 de la calle José María de Cossío y en el que se vieron perjudicados cerca de 70 vehículos.
De hecho, la comunidad de propietarios ha pagado ya 700.300 euros para reparar las zonas comunes, ya que las llamas se propagaron causando daños a distintos elementos y afectaron a la estructura del edificio y a los suministros de luz y agua, además de que once vecinos sufrieron daños en su propiedad.
En la vista de este miércoles, las defensas han comunicado a la jueza que no discutirán todo lo relativo a la responsabilidad civil que reclaman las diferentes aseguradoras, y los acusados se han mostrado conformes con la cifra que se determine en caso de tener una sentencia condenatoria. Uno de ellos ha acudido presencialmente a la vista y otro ha intervenido por videoconferencia, ya que se encuentra en prisión por otra causa.
Además, a petición de las defensas la jueza ha aceptado que los dos procesados declaren en último lugar en el juicio tras la práctica de todas las pruebas.
Ante la conformidad respecto a la responsabilidad civil, los letrados han renunciado a varios testigos que habían propuesto y se ha eliminado del procedimiento toda la prueba que se proponía para justificar esa cuestión.
En paralelo, las aseguradoras han informado de la presentación de escritos de modificación y ampliación de daños, que han sido admitidos por la magistrada.
La comunidad de propietarios ha solicitado una pericial para garantizar la correcta tasación del alcance de los daños --la letrada ha explicado que no se había pedido antes porque "había cierto desconocimiento del alcance y podía generar dilaciones"--, pero la jueza ha considerado que ya no será necesaria dado que no se ha impugnado ninguno de los documentos al respecto y que no se va a debatir la responsabilidad civil.
También por este motivo, ha dejado a elección de los actores civiles la decisión de comparecer o no en el juicio, si bien ha pedido a los letrados que informen de ello en un escrito para tenerlo en cuenta a la hora de señalar su fecha y duración, que probablemente será más de un día.
Los acusados se enfrentan a cuatro años de prisión por estos hechos, por los que fueron detenidos casi tres meses después del incendio y estuvieron en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto de 2024. Quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros.
Según el escrito del ministerio público, el fuego fue provocado de modo intencionado por los procesados, de 37 y 38 años en ese momento y ambos con antecedentes penales aunque no computables en la causa.
En concreto, el fuego lo habría iniciado uno de ellos, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia "a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito", que obligó a desalojar o confinar en sus viviendas a vecinos de varios portales.
