El Colegio de la Abogacía de Cantabria ha convocado una concentración este miércoles, a las 12.00 horas en Las Salesas, para pedir la finalización del conflicto de los funcionarios judiciales, reactivar "de forma inmediata" el servicio público de la Justicia, que está afectando a ciudadanos y profesionales; y reclamar "medidas urgentes" para resolver los retrasos de los procesos judiciales.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el decano del Colegio de la Abogacía, Andrés de Diego, que ha indicado que la movilización se llevará a cabo en todas las ciudades de España ante la "crisis" que atraviesa este servicio esencial.
El Consejo General de la Abogacía ha convocado esta concentración para "sensibilizar a la sociedad sobre la grave situación que atraviesa" este servicio, que afecta a unos 1.250 abogados ejercientes en la región, cuyo trabajo en un 95% está asociado a los tribunales.
De Diego ha recordado que la huelga de funcionarios lleva convocada desde el pasado mes de abril y "no hay visos de su finalización" porque estos "no han podido negociar realmente con el Ministerio de Justicia", que se encuentra en funciones, y la "demora" del periodo electoral va a prolongarla "prácticamente ocho meses este año".
Según ha destacado, la huelga de enero a marzo de los letrados y el conflicto de los funcionarios judiciales desde abril "están produciendo retrasos que, en algunos casos, van a llegar a más de un año de demora añadida a la que ya teníamos".
El Colegio, que reconoce el derecho de huelga de los funcionarios para reivindicar mejores condiciones laborales, ha recordado el "derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas", que, a su juicio, "debería modular" las medidas de conflicto que plantean.
De esta forma, ha reclamado a los partidos políticos que "atiendan" a la Justicia, así como un pacto de Estado que incluye diversas propuestas.
La primera de las medidas es una gobernanza "incluyente" con protagonismo de la abogacía. También reclama recursos materiales y personales, así como una racionalización organizativa de los juzgados y un expediente electrónico unitario.
Además, el sector pide que la resoluciones judiciales se cumplan y ejecuten para hacer efectivo el crédito de los abogados, y la conciliación laboral y familiar de los profesionales.
En el ámbito de la justicia gratuita, reivindica una nueva regulación que permita que los ciudadanos que carezcan de recursos estén dotados de una asistencia letrada a través de abogados "formados" y "debidamente retribuidos".
También solicita una regulación del derecho de defensa, que estaba pendiente de su aprobación y "se ha ido al traste" con la convocatoria del proceso electoral, y de mecanismos de solución de conflictos alternativos a los tribunales para paliar la carga de trabajo; y una regulación específica de los diversos procedimientos.
"Llamamos la atención sobre la extremada gravedad que presenta la justicia asociada a los conflictos que estamos sufriendo", ha insistido De Diego, cuya situación trasladará a la futura presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al responsable del departamento.
El decano se ha referido a los datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ponen de manifiesto que en Cantabria ha habido una disminución de ingreso de asuntos del 15,5% en el primer trimestre del año.
En su opinión, esto significa que los ciudadanos "no están yendo a los tribunales a reivindicar sus conflictos" y ha advertido que estos datos "se van a agravar mucho en este trimestre y se irán agravando conforme vaya pasando el año".
Asimismo, ha indicado que la plataforma VEREDA en Cantabria ha recibido un 57% menos de notificaciones desde que estos conflictos están vigentes, a lo que se suma el "daño añadido" de que los abogados desconocen hasta llegar al juzgado si el juicio se va a celebrar o suspender.
Finalmente, ha señalado que a los abogados los retribuyen sus clientes "porque el trabajo se realice", por lo que de no ser así no cobran.
"Les pido --a los funcionarios-- que sean sensibles a una situación en la que nos encontramos que está paralizada la justicia, que está afectando a los ciudadanos, a los profesionales y que si tenemos que esperar hasta septiembre o octubre para que se conforme un nuevo gobierno, no sé si vamos a ser capaces de aguantar todo este periodo sin actividad judicial en el país", ha sentenciado De Diego.
