La ILP, admitida a trámite por el Congreso, propone que se garantice el derecho a estudiar en español en toda España y que no existan las actuales barreras lingüísticas, de forma que los ciudadanos puedan circular y establecerse en cualquier lugar del país.
La ley propuesta por Hablamos Español es homologable a la legislación que se aplica en los países con más de una lengua oficial en parte de su territorio y está basada en el principio de libertad de elección.
Sus propuestas la elección de lengua vehicular en la enseñanza, el uso de ambas lenguas por parte de los organismos e instituciones públicas y no primar el conocimiento de una lengua a la valía profesional.
La Asociación Hablamos Español ya ha logrado formar equipos en todas las provincias de España, también en Cantabria.
"Cada vez más personas son conscientes de que el problema de la imposición lingüística en España no afecta solo a quienes viven en comunidades con dos lenguas oficiales, sino que también perjudica a cualquier persona que deba o quiera establecerse en estos lugares, sobre todo si tiene hijos en edad escolar", indican desde la asociación.
Hablemos Español también dice que supone "una barrera a la hora de acceder a un puesto en la función pública y para lograr información y documentación de organismos públicos".
