La reforma del registro horario recibió 199 aportaciones en el trámite de consulta pública previa
El proyecto de Real Decreto para la reforma del registro horario recibió 199 aportaciones durante el trámite de consulta pública previa que estableció el Ministerio de Trabajo entre el 11 y el 26 de septiembre de 2025, según consta en el dictamen del Consejo de Estado sobre esta reforma al que ha tenido acceso Europa Press.
Ante la dificultad de dejar constancia en su informe de todas y cada una de ellas, el Consejo de Estado ha incluido algunas de las más significativas.
Cabe recordar que la reforma del registro horario ante la que el Consejo de Estado se ha posicionado en contra, persigue reforzar los sistemas de control horario y hacer del registro una herramienta más eficaz y accesible en remoto para trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo.
El órgano consultivo indica en su dictamen que han sido muchos los participantes en la consulta pública que mostraron su disconformidad con la oportunidad de la norma, como las empresas que llevan a cabo labores de limpieza, las empresas en las que sólo trabajan dos o tres personas, las empresas de transporte por taxi y los servicios de vehículos de transporte con conductor, el personal de hostelería, los servicios de urgencias como cerrajeros o fontaneros, el sector agrario en el que las jornadas son estacionales, y las empresas que trabajan en zonas en las que no existe acceso a Internet.
También han expresado su disconformidad con la norma los servicios con puestos en los que existe obligación de estar disponible; las empresas de catering; las productoras de audiovisuales en las que existen pausas de espera entre rodaje y rodaje; el sector pesquero, "en el que es materialmente imposible el control digital"; la red comercial de agentes sin presencia en la empresa; los repartidores que trabajan por ruta y no por hora; los profesores que organizan talleres, y los servicios de seguridad privada en los que el trabajo se concentra por eventos.
El Consejo de Estado también menciona la disconformidad con la reforma del registro horario de las empresas de instalaciones temporales y ferias; los organizadores de exposiciones itinerantes; los operadores de grúas móviles autopropulsadas; los empleados en hoteles y alojamientos turísticos cuyas jornadas pueden ser estacionales; los profesionales que ofrecen servicio de asistencia a domicilio; quienes se ocupan de las reparaciones de emergencias eléctricas en empresas; los autónomos que gestionan bares o restaurantes; los artistas de cine y teatro, "y un largo grupo de empleados y empleadores".
"Todos ellos destacan las especialidades de sus respectivos sectores, como, por ejemplo, el número reducido de trabajadores, la existencia de jornadas estacionales, los intermedios temporales entre prestaciones de servicios, la dificultad de acceso a Internet, los trabajos por objetivo, el medio en el que se desempeña el trabajo, la rotación de trabajadores, la estacionalidad de los trabajos, la necesidad de adaptarse al clima o las circunstancias externas, la escasa digitalización del sector, y otros muchos datos", apunta el Consejo de Estado.
El órgano consultivo señala además que buena parte de los intervinientes estiman que estos aspectos son propios de la negociación colectiva, que debe llevarse a cabo en cada sector teniendo en cuenta sus peculiaridades, y entienden que hay sectores en los que la jornada puede controlarse por "tornos", modelos en los que basta un registro en papel y otros en que será necesario un sistema digital.
Varios de los participantes en la consulta discrepan de la solución única --la digital-- y estiman que sólo una negociación colectiva adaptada a cada sector puede permitir el éxito de la iniciativa. Así, entienden que el desarrollo por medio de una norma reglamentaria vulnera la reserva de ley establecida en favor de la negociación colectiva.
UN REGISTRO DIGITAL CONLLEVARÍA ALTOS COSTES A LAS EMPRESAS
Según apunta el Consejo de Estado, los participantes en la consulta estiman, en general, que este nuevo registro implicará costes adicionales que dificultarán la competitividad de las empresas españolas, sin que los países de la Unión Europea tengan la obligación de instalar sistemas semejantes.
En este sentido, el Consejo de Estado señala que, según la patronal Conpymes, el coste de las licencias del sistema supone entre 50 y 400 euros por usuario y año, de modo que una empresa de 10 trabajadores puede gastar anualmente hasta 12.000 euros, y eso sin incluir formación y actualizaciones.
En línea similar, se han expresado en la consulta la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo.
El dictamen menciona además aportaciones, entre otras, de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo General de Graduados Sociales, Pimec, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), CEOE, Cepyme, USO, FIAB, Anfac, Unesid, CEMT, UGT, CCOO, Cáritas España, Seopan, Anged y diversas asociaciones de pescadores, y la patronal bancaria AEB.
Precisamente, la AEB manifiesta su preocupación por el control de los datos y la protección de la intimidad, ya que considera, en caso de establecer un registro de jornada con verificación de identidad (sea biométrica o con certificados digitales), que las empresas podrían estar expuestas a posibles conflictos en materia de protección de datos por la imposición obligatoria de biometría o métodos invasivos. Coincide en ello la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, que estima que no existen en la norma suficientes garantías en cuanto a la protección de los datos personales.
El Consejo de Estado constata en su dictamen que han participado también varias comunidades autónomas como Madrid, Aragón, Castilla y León, Baleares, Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria y Extremadura.
El proyecto de reforma del registro horario ha recibido además informes de varios Ministerios, entre ellos el de Economía, que se muestra bastante negativo con la norma.
En concreto, Economía valora desfavorablemente la puesta en marcha del registro horario impulsado por Trabajo al entender que se necesita un periodo transitorio amplio para su aplicación y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector. En esta línea, ve necesario revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales.
El Departamento que dirige Carlos Cuerpo advierte además de que las pymes se verán obligadas a implantar sistemas digitales, que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de los trabajadores. Por ello, propone que sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.