El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nuevo real decreto-ley por el que se modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, que pretende "reforzar la equidad" en el acceso a los medicamentos, incorporando tres nuevos tramos de aportación, pasando a seis tramos, y topes mensuales en función de la renta para la población activa; y para los pensionistas se ajusta aún más el gasto al incorporar un nuevo tramo, pasando de tres a cuatro.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que esta reforma se basa en la "equidad y la progresividad", y viene a corregir "las desigualdades muyevidentes del sistema actual", protegiendo especialmente a aquellos pacientes crónicos con rentas bajas o medias, adaptando "el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias".
De este modo, para personas activas y sus beneficiarios, se pasa de tres a seis tramos de renta para personas activas y sus beneficiarios; para rentas anuales por debajo de 35.000 euros se introducen topes máximos mensuales. Así, por debajo de 9.000 euros se mantiene un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes; entre 9.000 y 17.999 euros se aplica también un 40% con un tope de 18,52 euros; entre 18.000 y 34.999 euros el porcentaje sube al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros; mientras que a partir de 35.000 euros se mantienen los porcentajes del 45%, 50% y 60% para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente, aunque sin tope mensual en estos tres últimos grupos.
Antes, quienes tenían rentas inferiores a 18.000 euros pagaban el 40% del precio del medicamento, los situados entre 18.000 y 99.999 euros abonaban el 50% y los de 100.000 euros o más asumían el 60%, sin ningún tope mensual que limitara el gasto en caso de tratamientos prolongados o polimedicación.
En cuanto a los pensionistas, se han revisado también los tramos, de modo que los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros siguen pagando el 10% con un límite de 8,23 euros al mes; se crea un nuevo tramo de 18.000 a 59.999 euros en el que también se mantiene el 10%, pero el tope mensual baja a 13,37 euros; entre 60.000 y 99.999 euros se aplica igualmente un 10% con un límite de 18,52 euros; y para rentas superiores a 100.000 euros se fija un 60% de copago con un techo de 61,75 euros mensuales. Además, se aprueba la exención automática para complementos por mínimos para que no afecte la revalorización de sus pensiones.
Antes de la reforma, los pensionistas y sus beneficiarios pagaban con una estructura más simple: en general abonaban el 10% del precio del medicamento con tres tramos de límite mensual según renta, de modo que quienes tenían ingresos inferiores a 18.000 euros al año no pagaban más de 8,23 euros al mes, los que estaban entre 18.000 y 100.000 euros tenían un tope de 18,52 euros y los que superaban los 100.000 euros asumían el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de 61,75 euros, manteniéndose además determinadas exenciones para pensionistas con menos recursos.
"Es importante señalar que la reforma que planteamos no supone un aumento de lo que pagan a día de hoy los ciudadanos por los medicamentos, esto es muy importante señalarlo, es al contrario, es el Estado, el que se hace cargo de una mayor cuantía de lo que cuestan los medicamentos, reducimos lo que deben aportar las rentas bajas y las rentas medias", ha añadido la ministra tras el Consejo.
IMPACTO PRESUPUESTARIO ESTIMADO DE 265,63 MILLONES DE EUROS
"El objetivo de esta norma es reforzar la equidad de este sistema, garantizando que las condiciones económicas no supongan una barrera para acceder a los medicamentos necesarios en el caso especialmente de personas con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La reforma, impulsada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como finalidad "garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional".
El Gobierno considera necesario adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar incluidos en los supuestos de exención, asumían una carga económica elevada derivada de tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La reforma aprobada permite implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
En este sentido, García ha destacado que el principal problema estaba en la adherencia terapéutica, "donde había pacientes que no podían pagarse la medicación, aquellos activos que tenían rentas bajas"; además, ha añadido que era "un sistema que penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necesitaban tratamientos crónicos o tratamientos prolongados".
En este sentido, diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación "pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos", con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, la reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.
