El Ministerio de Justicia ha iniciado este viernes una ronda de consultas para presentar a las comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurídicos el plan de choque para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento, que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 7 de julio.
Este plan se ha desarrollado en conformidad con la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Se tratan de las medidas adoptadas para hacer frente al previsible aumento de litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis sanitaria del coronavirus. El objetivo es que estos tribunales y juzgados vayan recuperando de forma paulatina la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada, según ha informado en una nota de prensa el departamento que dirige Juan Carlos Campo.
DOS FASES
Los altos cargos del Ministerio han mantenido distintas reuniones sectoriales para explicar las medidas de refuerzo de los órganos de las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil que se activarán en dos fases a partir del 1 de septiembre.
La primera fase estará comprendida entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 y los apoyos se concentrarán en los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
La segunda fase comenzará el 1 de enero de 2021, cuando se contará con datos más completos del impacto de la crisis, "lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar y que afectarán a las tres jurisdicciones", señala la nota de prensa.
MEDIDAS DE AUTORREFUERZO, REFUERZO EXTERNO Y ESTRUCTURALES
Por un lado, se adoptarán medidas de autorrefuerzo, que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria.
Podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano. A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción).
Otras de las medidas que se establecerán serán las de refuerzo externo para apoyar al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos.
Con estas actuaciones se pretende reforzar 57 órganos de lo social (16,01%) y 66 juzgados de lo mercantil (66%), pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia, advierte Justicia.
Finalmente, se fijarán medidas estructurales, cuyo objetivo es la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. Ello contribuirá de manera natural a absorber y minimizar el impacto del incremento de asuntos.
El Ministerio de Justicia explica que en el ámbito de la jurisdicción social, el objetivo es conseguir la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales. En el caso de los refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.
En el ámbito de lo mercantil, el planteamiento para la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado. Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20%.
La finalidad de las medidas de refuerzo externo será la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.
DISTINTAS REUNIONES
Al frente de la reunión celebrada con las comunidades autónomas, ha estado el secretario de Estado, Pablo Zapatero, quien ha abundado en la cogobernanza y la coordinación como una fórmula de éxito ya comprobada durante la gestión de la crisis y que el Ministerio pretende mantener más allá de la pandemia. En ese sentido, el secretario de Estado ha pedido este viernes a los representantes de las CCAA un esfuerzo común como punto de partida, que pasa por "compartir datos para hablar un mismo lenguaje".
Zapatero les ha planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información abierta que permita una gestión eficiente por parte de todos. Además ha apostado por acordar este protocolo de actuación para ir encaminando ya los trabajos que se desarrollarán al hilo de la Conferencia Sectorial que se celebrará a finales de julio.
La reunión con las asociaciones de jueces y fiscales ha estado presidida por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste.
Para López-Yuste, el plan presentado es "dinámico y sujeto al cumplimiento de objetivos", ya que cada 15 días se realizará un control y evaluación de su funcionamiento "por responsabilidad en la rendición de cuentas ante la ciudadanía". Ello permitirá adaptar las medidas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha en la segunda fase, ha indicado.
Por último, el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal al servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo, se ha reunido con los representantes sindicales. En cuanto a los letrados de la Administración de Justicia, mantendrán un encuentro este viernes con el subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Francisco Cabo.
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