Gobierno y CCAA acuerdan destinar 563 millones de euros a un plan de lucha contra la privación material

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad destinar 563 millones de euros de los fondos europeos a un plan de lucha contra la privación material, en el que el sistema de reparto de alimentos se transforme en otro de acompañamiento integral.

Este es uno de los acuerdos que han alcanzado este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El acuerdo se ha aprobado por unanimidad, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

"Ya no se trata solo de no dejar a nadie atrás, sino de poner las necesidades de todas las personas en la primera línea de nuestra actuación política", ha subrayado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Desde este enfoque, quieren que "el sistema de reparto de alimentos se dirija hacia un modelo de acompañamiento integral, que cubra necesidades básicas pero también que garantice la dignidad y autonomía de las personas, es decir, que sean ellas las que, siempre con apoyo dirigido a su inclusión sociolaboral, decidan de forma autónoma qué alimentos necesitan y desean".

La propuesta del Ministerio es presentar a la Comisión Europea un programa único de lucha contra la privación material. La dotación de ayuda europea a ese programa saldría en su totalidad del tramo estatal de la asignación del Fondo Social Europeo (FSE) Plus a España y sería aproximadamente de 563 millones de euros, más allá de la cofinanciación habitual que siempre exige el Fondo Social Europeo Plus.

En ese programa único intervendrían las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las cuales gestionarían directamente las actuaciones.

Desde la Administración General del Estado se establecerían, tras trabajarlos conjuntamente y acordarlos con las CCAA, unos criterios comunes sobre el tipo de asistencia financiable y los métodos y actuaciones para prestarla.

"En definitiva, vamos a trabajar por que nuestro sistema de acompañamiento a las personas en situación de privación material sea más efectivo, pero también más humano, y que proteja la autonomía y la dignidad de las personas que lo reciben", ha remarcado Belarra.