La delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero, Victoria Rosell, ha dicho que el Ministerio de Igualdad ha enviado al de Justicia una serie de propuestas para "garantizar el acceso" de las víctimas de la violencia de género a denunciar y a declarar en entornos "seguros" e, incluso, "por medios telemáticos" durante la desescalda para volver a la actividad tras la pandemia del coronavirus. "Nos consta que para la Administración de Justicia es prioridad la atención a estas víctimas", ha remarcado.
Durante una comparecencia institucional, Rosell ha afirmado que "es posible que haya un repunte" de casos de violencia de género en la desescalada por la "sensación de pérdida de control" de los agresores ante el desconfinamiento. En este contexto, Igualdad ha trasladado estas propuestas a Justicia, que es a quien corresponde diseñar el plan para la reanudación de la actividad de esta administración.
Igualdad quien "espacios seguros y amables" para que las víctimas de la violencia de género denuncien y declaren, e incluso la implantación de "medios telemáticos con una identificación suficiente y sin limitar sus derechos", tal y como ha apostillado Rosell.
Según ha remarcado, el Ministerio de Justicia ya trabaja en un sistema de identificación por video que cuente con las garantías suficientes y que a la vez "permita preservar la salud y la seguridad de las personas".
CERTIFICACIÓN DIGITAL PARA VÍCTIMAS
Rosell ha avanzado también un proyecto "a corto y medio plazo" que consiste en el desarrollo de una certificación digital de las víctimas de la violencia de genero que les "permita actuar de forma segura y coordinada" ante las administraciones, tanto la de Justicia como el resto. Según ha explicado, el objetivo de esto es que las administraciones sanitarias y sociales también sean clave en "la prevención y detección precoz" de la violencia machista.
Esta certificación digital permitiría a las víctimas tener acceso directo a la administración de Justicia para conocer de primera mano las notificaciones que le afecten, y que no necesariamente sea a través de un procurador o de los juzgados. Por ejemplo, si se concede un permiso penitenciario al agresor, que a la víctima le llegue directamente la noticia al "estar dada de alta en el sistema".
Rosell ha apuntado que la meta sería lograr que esta certificación sea "apta" en otras administraciones para que, por ejemplo, si la víctima va al médico o a urgencias, "no tenga que verbalizar" toda su historia de maltrato, teniendo en cuenta lo "revictimizante" que es.
A través de este instrumento, según ha agregado, el personal sanitario tendría acceso a "la historia y al pasado" de la víctima. También sería útil de cara a los trámites de prestaciones o becas, ya que supondría "ahorrarles" verbalizar su situación, ha incidido Rosell.
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