La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha animado a la comisión tripartita entre el Gobierno, patronal y sindicatos a que "apuren la negociación" y alcancen un acuerdo para prolongar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio, "lo antes posible, antes del martes que viene", que es cuando se celebra un nuevo Consejo de Ministros.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que ha hecho hincapié en que es necesario que se alcance "un acuerdo próspero para España". "La vocación del Ministerio es toda y estamos trabajando para que esto salga adelante", ha incidido.
No obstante, Díaz ha querido ser discreta con la información sobre la prórroga de los ERTEs, porque se está discutiendo en la mesa del diálogo social. "Ayer estuvieron los equipos técnicos cuatro horas y hoy o mañana se vuelven a sentar", ha apuntado.
La ministra ha puesto en valor que los ERTE han permitido que 3,4 millones de personas mantengan su relación laboral con la empresa y que cientos de miles de empresas se mantengan "vivas" en espera de la reactivación económica.
"No tiene sentido haber desplegado este esfuerzo para dejarlo caer", ha insistido, tras afirmar que existen pequeñas incidencias en la tramitación de los ERTE, pero que el 98% de los expedientes están reconocidos y pagados y que estas incidencias rondan aproximadamente el 2% de las solicitudes.
Las incidencias son por problemas de pura gestión de las empresas al rellenar los datos de los trabajadores o bien porque, en algunos casos, "un trabajador hoy está a tiempo completo, pero la semana siguiente pasa a estarlo a tiempo parcial". "Las empresas están a diario comunicando cambios en la situación de sus trabajadores", ha añadido.
Durante su discurso, ha instado a llevar a cabo una reconstrucción social y económica con el trabajo en el centro, "un trabajo estable y con derechos que sea motor de la reactivación económica y del progreso social". Para Díaz, con salarios bajos y precariedad laboral no es posible tener empresas que compitan con productos y servicios de calidad en sectores avanzados.
Desde su punto de vista, el mercado de trabajo necesita una política sustantiva de trabajo, como pilar de la acción pública en la reconstrucción. Según la ministra, el empleo estable y con derechos, la formación continua, el aumento de la productividad y las condiciones de trabajo son los fundamentos de la transformación que necesita el país.
MODELO DE RELACIONES LABORALES
Así, considera que España tiene un mal modelo de relaciones laborales y que es necesario mejorarlo. Desde su punto de vista, la anomalía del mercado de trabajo español no es otra que la precariedad. De hecho, ha señalado que, de los casi 900.000 empleos perdidos, cuatro de cada cinco eran precarios.
"Necesitamos un horizonte que nos permita situar el trabajo en el corazón de un proyecto de futuro para nuestro país", ha apostillado, tras afirmar que no habrá reconstrucción con proyectos vitales en entredicho, "con jóvenes precarizados y sin porvenir".
En su opinión, el país "no puede salir de una crisis para volver a otra crisis, en la que las anomalías y las injusticias permanezcan". Por ello, aboga por reconstruir el país sobre nuevas y mejores bases.
Díaz ha recordado que, durante la crisis anterior, la principal política económica fue "desmontar" el modelo laboral que establecía la Constitución, "vaciando de contenido el derecho laboral, las políticas de trabajo e impidiendo que los agentes sociales pudiesen jugar su papel".
Por ello, ha abogado por hacer "algo mejor", mirando al entorno de los países de Europa. "Ya lo estamos consiguiendo con los ERTE, hagámoslo también con la precariedad y el paro", según la ministra, que ha resaltado la necesidad de que España cuente con una política económica que estimule la actividad empresarial, una política social que garantice que nadie quede atrás, pero también una política laboral que promueva el empleo de calidad.
Entre las apuestas estratégicas para la reconstrucción, cree que es importante que se saque adelante un acuerdo social para la reactivación económica y el mantenimiento del empleo, pero también un "gran acuerdo" por el trabajo estable y con derechos contra la precariedad.
Además, ha subrayado lo necesario que es reconstruir la negociación colectiva "equilibrada", recuperar el diálogo social en términos de igualdad en los diferentes niveles, porque "el diálogo es fundamental para mejorar las relaciones laborales".
LOS RETOS DEL TELETRABAJO "DEBEN SER RESUELTOS"
Por otro lado, considera que hay que promover las políticas activas para la generación de un nuevo empleo. Sobre el teletrabajo, la ministra ha afirmado que ha sido una herramienta "muy eficaz" durante la pandemia para mantener los empleos y la actividad de las empresas, pero que "plantea retos importantes que deben ser resueltos.
Díaz ha apuntado que en los próximos meses se propone ratificar el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo a domicilio, y que entre los principales retos a abordar se encuentran que el trabajo se separe de la vida personal y familiar, que opere la desconexión o que exista una "adecuada protección" frente a los riesgos laborales.
También ve necesario velar por que se cumplan los horarios de trabajo o de descanso, que las personas estén adecuadamente retribuidas por el tiempo que efectivamente trabajan o que sean compensadas por los gastos directos e indirectos que supone el trabajo a diario.
Para la ministra, la norma que prepara su Ministerio para regular el teletrabajo deberá fomentar la corresponsabilidad, "asegurando condiciones de calidad en el trabajo y el derecho a la salud laboral". Por último, Díaz ve urgente también que se cree un sistema de protección por desempleo que asegure la cobertura a todas las personas que pierden su empleo.
Respecto a la norma que regulará el teletrabajo, ha trasladado a los diputados de la Comisión que será un proyecto de Ley y no un Real Decreto, puesto que tanto el teletrabajo como la regulación de los 'riders' se ha sometido a consulta pública.
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