Campo reclama lealtad al resto de partidos para reformar la Justicia aprovechando la crisis del COVID-19
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reclamado este jueves lealtad y diálogo al resto de fuerzas políticas con el objetivo de aprovechar "el impulso reformista" al obliga la crisis por el covid-19 para emprender un profundo proceso de transformación" de este sector, que considera "elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país".
Campo ha hecho este llamamiento durante su comparecencia en el Senado -que estaba pendiente desde su nombramiento tras la última formación de Gobierno- donde ha reclamado acabar "con las inercias partidistas y los diálogos sordos" con el fin de construir acuerdos estables basados en un gran consenso para la Justicia.
"Tengo la convicción de que es posible conseguir un consenso estratégico para reforma estructural en el servicio público de Justicia y para la salida de la crisis", ha manifestado, para añadir que, sin embargo, que ese gran acuerdo de unidad que propone "exige compromisos recíprocos".
Campo ha reconocido también que la crisis de la covid-19 "nos ha puesto a prueba como país" si bien ha permitid demostrar que "las instituciones son eficaces, que la ciudadanía es profundamente solidaria y está unida y que el Estado de Derecho nos protege bajo cualquier circunstancia".
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO
Campo ha evitado la autocrítica sobre las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Justicia desde el inicio del estado de alarma y ha llegado a afirmar que "el Gobierno en su conjunto está actuando de forma transparente, facilitando numerosas ruedas de prensa diarias para dar cuenta de la gestión de la COVID-19", a lo que se suman las comparecencias en las sesiones de control en ambas cámaras parlamentaras.
Para el titular de Justicia, "España ha estado a la altura de las circunstancias, por difíciles que hayan sido, y hemos dado un ejemplo de responsabilidad y disciplina social". Por lo conjunto de personas al servicio de la Justicia "también ha hecho unos esfuerzos colosales por mantener en pie lo esencial del servicio público", pese a reconocer que la plantilla de funcionarios presenciales en juzgados ha llegado a reducirse hasta el 95 por ciento.
En todo caso, ha defendido que el objetivo fundamental de su departamento ha sido "mantener activas las estructuras institucionales necesarias que velan por los derechos de la ciudadanía" estableciendo unos servicios esenciales "que, pese al coronavirus, garantizaran a la sociedad poder seguir contando con el servicio público de justicia siempre que fuera necesario y urgente".
Así, ha señalado que en los distintos órganos judiciales se han habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes territoriales y de informática, así como para el personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense. A ello se han unido otros 1.757 puestos de teletrabajo habilitados para el Registro Civil.
En paralelo, según ha apuntado el ministro, se han creado 117 salas de videoconferencia para facilitar la celebración de reuniones entre los juzgados de guardia y las comisarías de policía. También se han creado otras 16 para las fiscalías.
En cuanto a la protección individual frente al coronavirus, Campo ha reconocido que "todas las administraciones, dentro y fuera de España, han tenido dificultades en la obtención de EPIs.", y pese a ello considera estar "razonablemente satisfecho" del trabajo realizado al respecto.
Ha añadido que "en un mercado internacional saturado y muy complejo, el Ministerio de Justicia ha coordinado la compra y distribución de EPIs para todo el territorio nacional". En total y hasta la fecha hemos distribuido casi medio millón de guantes, 220.000 mascarillas y unos 30.000 dispensadores de gel, por lo que considera que las necesidades están cubiertas para un futuro inmediato.
354 INDULTOS, TODOS DENEGADOS
En cuanto a la actividad durante este periodo, ha manifestado que el Ministerio de Justicia ha dictado más de 40 resoluciones para reordenar el servicio y ha tramitado 11.496 resoluciones de expedientes nacionalidad por residencia; 354 resoluciones de expedientes de indulto, todos en sentido denegatorio; 23.756 certificados de últimas voluntades y 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.
A lo largo de su exposición, Campo ha recordado las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde el inicio de la pandemia y las ha relacionado con los futuros planes del Ministerio, entre los que destaca, como novedad, una reforma de la Ley de Registros Civiles que cree necesaria ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de 2011 que preveía la desaparición de la mayoría de las oficinas del registro civil, más de 8000 actualmente.
Así, promoverá una reforma basada en una iniciativa del PP para adaptar la norma a las necesidades actuales. Este partido propone implantar un nuevo modelo que suprima el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones --nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales-- y crear "un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique".
Asimismo, los 'populares' plantean de nuevo una reorganización este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.
INCREMENTO DE ASUNTOS EN SOCIAL Y CONCURSAL
En cuanto a los efectos de la crisis, el ministro ha señalado que, según sus previsiones, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentará en 2.020 hasta un 31 por ciento, llegando al 140 por ciento. en 2021: más de un millón de nuevos asuntos. Con estos datos, la pendencia se situará en un 175 por ciento.
En cuanto a los concursos de acreedores, calculan que el incremento puede ser del 246 por ciento para el ejercicio 2020 y del 619 por ciento para en 2021. Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 se alcanzarían los 50.000 en 2021.
Como ya anunció en la Comisión de Justicia del Congreso, uno de los proyectos que el ministro considera más importantes es la actualización de las formas de investigación y enjuiciamiento penal a través de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Necesitamos, esto creo que goza de total consenso, una nueva norma, moderna y justa que atribuya la investigación al Ministerio Fiscal y que fortalezca las garantías constitucionales -ha manifestado-. Tenemos que superar definitivamente una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal". Igualmente se ha referido a la Ley Orgánica del derecho a la defensa, para cuya elaboración se ha creado un comité y se ha puesto al frente al prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker.
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