El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos han acordado realizar una fiscalización conjunta sobre el uso de los casi 1.000 millones de fondos europeos que se asignaron a las comunidades para reducir la brecha digital en las aulas.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los fondos Next Generation financian el programa para la digitalización del sistema educativo con 989 millones de euros, de los cuales 970 millones se destinan a la dotación de dispositivos portátiles para 300.000 estudiantes y de sistemas digitales interactivos para 240.000 aulas.
Con esos 970 millones se pretende reducir la brecha digital del alumnado más vulnerable y mejorar las dotaciones digitales de las aulas en los centros sostenidos con financiación pública.
Durante la reunión de coordinación del Tribunal de Cuentas con los Órganos de Control Externo (OCEX) de las comunidades, celebrada este jueves en Madrid, se han diseñado los criterios que cada Institución aplicará durante los trabajos de esta fiscalización, que se contempla esté concluida en el segundo semestre de 2024.
Los OCEX serán los encargados de verificar las actuaciones desarrolladas por los Gobiernos autonómicos, mientras que el Tribunal de Cuentas se ocupará de las comunidades donde no hay homólogo autonómico (Cantabria, La Rioja, Extremadura y Región de Murcia).
La fiscalización pretende contribuir a la buena gestión de estos fondos provenientes de la Unión Europea, que tiene previsto otorgar a España hasta 140.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que se están destinando a implementar diferentes proyectos de modernización.
No es la única fiscalización conjunta pues el Tribunal de Cuentas y sus homólogos han terminado recientemente una auditoría sobre las medidas para la implementación del PRTR. Al trabajar conjuntamente se ha logrado "identificar y compartir buenas prácticas e iniciativas relevantes, así como las eventuales necesidades y oportunidades de mejora, todo ello en un momento en el que las entidades fiscalizadas disponen de margen de reacción para su corrección y con la finalidad última de contribuir a la buena gestión de los fondos europeos", asegura el TCu.
La reunión de la Comisión de Coordinación del Tribunal y los OCEX en el ámbito autonómico ha sido presidida por el consejero del Departamento Quinto "de las Comunidades y Ciudades Autónomas" del Tribunal, Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, y al encuentro han asistido representantes de todos los órganos de fiscalización externa autonómicos.
Las reuniones de la Comisión de Coordinación del TCu y los OCEX en el ámbito autonómico son el foro en el que se debaten las cuestiones referentes a la fiscalización de las CCAA, tales como la programación anual de las auditorías de las respectivas Instituciones o la identificación de materias de interés común para su fiscalización conjunta.
Tales fiscalizaciones realizadas de manera conjunta permiten aplicar criterios comunes en el control del conjunto del sector público autonómico y obtener, como resultado, una visión comparada de todas las CCAA.
