El Defensor del Pueblo recibió en 2025 un total de 397 expedientes de quejas procedentes de Cantabria, 23 más que en el año anterior, según recoge el informe anual que ha sido publicado este martes.
Entre esos expedientes --que a nivel nacional se elevan a 36.469-- se encuentran "numerosas" quejas en relación con los retrasos en los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad.
Así, el Defensor del Pueblo formuló hasta diez recomendaciones dirigidas al Imserso y a las consejerías competentes, entre ellas la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.
Algunas fueron en el sentido de la adopción de medidas necesarias para que los equipos multiprofesionales de valoración de la discapacidad estén adecuadamente dotados o incluso se crearan más equipos; la aprobación del desarrollo normativo que regule el procedimiento para la valoración; o la emisión de una comunicación en la que se informe al solicitante sobre el tiempo estimado para su valoración y la resolución del expediente.
En el caso de las dos primeras, Cantabria implementó un plan de choque para el refuerzo de las plantillas que integran las unidades de valoración y ya contaba con una norma de procedimiento actualizada.
Sin embargo, según recoge el informe, la tercera no la aceptó expresamente, al igual que Galicia, Extremadura y La Rioja, al entender que la misma "podía crear falsas expectativas y un efecto pernicioso produciéndose un cúmulo mayor de tareas administrativas al personal por la elaboración de estas comunicaciones".
En el ámbito de esta misma Consejería, el Defensor del Pueblo también formuló recomendaciones a las entidades de protección de menores, tanto los que se encuentran junto a sus progenitores como los no acompañados.
En este caso, el departamento que dirige Begoña Gómez del Río las aceptó y dio cuenta de las actuaciones que lleva a cabo para la integración de los niños bajo su tutela, así como de las medidas para la transición a la vida adulta.
A pesar de ello, el Defensor del Pueblo explica que hay varias cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación de las que ha solicitado ampliar información a los gobiernos autonómicos.
Uno de ellos son los problemas en el proceso de matriculación del alumnado extranjero que se encuentra en situación irregular en España, en concreto, sobre las dificultades para poder acceder a prácticas formativas de aquellos que cursan Formación Profesional.
Y en materia de sanidad, el Defensor del Pueblo constató problemas de comunicación entre los distintos niveles asistenciales con motivo de la comunicación de resultados de una prueba diagnóstica al médico de familia o de la derivación a consulta de atención especializada.
Por ello, señaló a Cantabria que el acceso de los profesionales de Atención Primaria a la asistencia prestada en atención especializada "supone una adaptación del servicio de salud a las aplicaciones tecnológicas y un mejor ajuste a las características personales de los pacientes".
RECOMENDACIONES A AYUNTAMIENTOS
En cuanto a las comunicaciones institucionales de las entidades locales, en Cantabria el Defensor del Pueblo formuló recomendaciones y sugerencias al Ayuntamiento de Entrambasaguas por quejas recibidas de personas a las que se bloqueó en perfiles municipales en redes sociales por verter opiniones contrarias a la gestión municipal.
Además, también formuló otra al Consistorio de Castro Urdiales para atenuar el impacto de la facturación del suministro del agua, y al de Ruesga para que diera publicidad a las actas de las sesiones plenarias celebradas en la sede electrónica de la corporación.
