Comisiones Obreras en Cantabria ha sostenido que la tragedia de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes al colapsar un puente de madera, "evidencia las consecuencias de la falta de medios y de recursos en los servicios de seguridad y emergencias, tanto municipales como regionales".
En un comunicado, el sindicato ha subrayado este jueves que "la falta de personal, la ausencia de herramientas adecuadas, la inexistencia de protocolos claros para la gestión de determinadas incidencias o la externalización de los servicios deben tenerse en cuenta a la hora de analizar y buscar responsables a lo ocurrido", una vez que la jueza ha citado a declarar este viernes, 27 de marzo, a las personas que atendieron las llamadas avisando del mal estado del puente, entre otros.
"La investigación judicial tendrá que determinar los hechos y las responsabilidades que correspondan pero es evidente que existen deficiencias estructurales que condicionan el trabajo diario de los y las empleadas públicas y que el posible error humano puede estar relacionado con fallos organizativos más importantes", ha sostenido el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, David Estévez.
De hecho, el sindicato ha recordado que lleva tiempo denunciando la falta de medios con los que trabaja el personal de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Santander.
En el caso de la Policía Local, por ejemplo, son varias las veces en las que se han denunciado los problemas derivados del sistema de comunicaciones, "que durante años ha presentado graves deficiencias y ha obligado incluso a los agentes a recurrir a sus propios teléfonos móviles para poder coordinarse".
"Cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos porque lo más fácil en casos como el de la tragedia de El Bocal es buscar un chivo expiatorio en lugar de asumir que detrás de los errores humanos hay otras causas y responsabilidades", ha afirmado Estévez.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha insistido en que "la responsabilidad última" del funcionamiento de los servicios públicos recae en las administraciones públicas y ha criticado que, en ocasiones, éstas "priorizan el ahorro a la seguridad".
Como ejemplo, ha apuntado que "el Ayuntamiento de Santander en todo 2025 sólo convocó dos comités de seguridad y salud laboral cuando la ley establece uno cada tres meses mínimo y el reglamento de funcionamiento interno del propio comité de seguridad y salud obliga a celebrar uno al mes".
Por ello, el sindicato ha exigido al Consistorio que refuerce las plantillas, modernice los sistemas de gestión, y establezca protocolos "claros" de actuación para mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados.
"La seguridad de la ciudadanía no puede depender de la improvisación. Los servicios públicos necesitan inversión, planificación y medios suficientes. Todo lo demás es mirar hacia otro lado", ha concluido Estévez.
