El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha reafirmado hoy el compromiso de su departamento con el sector cultural cántabro, "especialmente castigado" por la crisis sanitaria del COVID y que desde hoy podrá acceder a una línea de préstamos dotada con 500.000 euros, gracias al acuerdo firmado entre la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, y el director gerente del ICAF, Jesús Bulnes.
Zuloaga ha asegurado que desde la Consejería y la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte "se va trabajar todo lo que sea necesario para que la cultura salga reforzada de esta crisis" y se ha mostrado convencido de que "este sector va a ayudar a la recuperación económica de la Comunidad Autónoma".
El vicepresidente ha explicado que el acuerdo cerrado hoy "es fruto del trabajo y la negociación del Consejo Cántabro de Cultura", y ha trasladado también su agradecimiento a la Consejería de Economía, cuya titular, María Sánchez, también ha asistido a la firma, y al ICAF por su disposición para poder poner en marcha esta línea de financiación que "sin duda, va a ser muy beneficiosa para Cantabria".
La línea ICAF-CULTURA-COVID19 está dotada con 500.000 euros y va destinada a pymes y autónomos del sector cultural, que podrán acceder a préstamos de entre 6.000 y 25.000 euros, con un plazo de cinco años, incluido uno de carencia.
En todo caso, el importe máximo de este préstamo no podrá superar el 25% de la facturación realizada en 2019. Además, la Sociedad Regional de Cultural aportará al ICAF, en concepto de garantía, el 80% del principal de los créditos concedidos.
Los destinatarios son pymes o autónomos del sector cultural (teatro, danza, música, circo, magia, audiovisuales, libreros, editores, galeristas y artistas plásticos) cuyo domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se encuentren en Cantabria, y que justifiquen su actividad desde, al menos, el ejercicio 2018.
En cuanto a los criterios, además de los normalmente exigidos por ICAF, se fija que no sean consideradas como "empresas en crisis" y deberán estar al corriente de pagos con las administraciones públicas.
Tampoco podrán presentar morosidad bancaria o anotaciones de impagos en registros públicos y deberán justificar la capacidad de reembolso de la financiación garantizada.
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