Unidos por Laredo (UxL) ha acusado al alcalde, Miguel González (PP), de haber llevado a cabo, en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes, "uno de los ejercicios de manipulación política e irresponsabilidad institucional más graves vividos en relación con el expediente del paseo marítimo de La Salvé".
González advirtió que Laredo podría perder una parte de su paseo marítimo si el Pleno municipal no aprueba las condiciones de Costas, dado que el Ayuntamiento ha recibido un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en el que se advierte que, si no se acepta el condicionado estatal, se ordenará la demolición de 20.000 metros cuadrados situados en dominio público marítimo-terrestre, cuyo proyecto de ejecución costará 4.273.000 euros a los laredanos.
Según UxL, "González ha comparecido ante los medios para intentar trasladar a la oposición municipal la responsabilidad de una situación administrativa y jurídica que nace exclusivamente de una decisión impulsada desde su propia Alcaldía. Y lo ha hecho utilizando un discurso alarmista, incompleto y profundamente sesgado".
El regidor aseguró que "existen responsables políticos en todo esto", en alusión a los grupos de la oposición que votaron en contra del acuerdo plenario, lo que, a su juicio, ha conducido al escenario actual, y señaló expresamente al concejal de Unidos x Laredo, Ramón Arenas.
"Sin embargo, lo que deliberadamente oculta González es lo esencial: que el procedimiento concesional y toda la problemática jurídica derivada del mismo no fueron impuestos por la oposición, ni por el Pleno, ni siquiera inicialmente por Costas, sino activados por el propio Ayuntamiento presidido por Miguel González mediante solicitud formulada con gran torpeza por su parte, ante la Demarcación de Costas en abril de 2025", ha sostenido la formación.
Según UxL, fue el propio alcalde quien promovió el inicio del expediente administrativo de concesión y regularización sobre dominio público marítimo-terrestre, pero no sobre el paseo existente, sino sobre su hipotético proyecto de paseo marítimo que él propone.
"Y fue precisamente esa iniciativa la que activó automáticamente el procedimiento legal previsto en la normativa de Costas, incluyendo la apertura de información pública, la formulación de condiciones concesionales y la revisión de la situación jurídica del paseo marítimo".
Por tanto, en su opinión, "resulta jurídicamente insostenible y políticamente deshonesto presentar ahora como una agresión del Estado o como una culpa de la oposición las consecuencias derivadas de un procedimiento iniciado voluntariamente por el propio Ayuntamiento".
"La realidad es exactamente la contraria: si hoy existe un conflicto jurídico sobre la situación concesional del paseo marítimo, es porque el González decidió abrir ese expediente administrativo y no lo hizo sobre el paseo marítimos existente, sino sobre un futuro proyecto de paseo marítimo inexistente todavía", ha continuado.
Además, ha acusado al alcalde de omitir "un dato capital" como es qeu "la oposición rechazó en dos ocasiones el condicionado de Costas porque implicaba compromisos jurídicos, económicos y administrativos extraordinariamente graves para el Ayuntamiento de Laredo, incluyendo obligaciones a 30 años, asunción de riesgos, afecciones sobre dominio público y actuaciones vinculadas a la desembocadura del río Mantilla".
Y ello, según la formación, "siin que existiese un proyecto definitivo aprobado, financiación jurídicamente garantizada ni informes suficientemente clarificadores sobre el alcance real de las obligaciones asumidas".
"La oposición actuó con responsabilidad institucional. Quien actuó con la opacidad que nos tiene acostumbrados, fue el alcalde. Que además, nos tiene acostumbrados a sus mentiras, tergiversaciones y manipulaciones a la ciudadanía. Y ello resulta todavía más grave cuando se constata que durante meses se ocultó a gran parte de la Corporación información esencial sobre el origen y alcance real del procedimiento concesional", ha censurado.
Unidos por Lareado afirma que los documentos administrativos acreditan que distintos grupos municipales llevaban meses solicitando aclaraciones sobre la situación jurídica histórica del paseo marítimo y sobre la existencia -o inexistencia- de títulos habilitantes suficientes para ocupar el dominio público marítimo-terrestre.
Especialmente relevante, continúa, resulta el oficio de la Demarcación de Costas de 25 de febrero de 2026, en el que se reconoce expresamente que no consta expediente relativo a la primera fase del paseo marítimo en los archivos actuales de la Demarcación y que únicamente consta documentación relativa a una modificación de la segunda fase en 1975.
"Los documentos son tozudos: Costas no actuó por iniciativa de la oposición; Costas actuó porque el Ayuntamiento, presidido por Miguel González, abrió voluntariamente el procedimiento", ha subrayado.
"Y si hoy existe un problema político e institucional en torno al paseo marítimo es porque el alcalde decidió iniciar un expediente de enorme complejidad jurídica sin transparencia suficiente, sin consenso político y sin explicar con claridad a la ciudadanía las verdaderas implicaciones del condicionado concesional", ha concluido.
