Laredo amenaza con suspender la custodia de detenidos si Delegación no responde a la petición de una compensación
El Ayuntamiento de Laredo ha remitido un segundo oficio formal a la Delegación del Gobierno reiterando la solicitud de una compensación económica por la custodia de detenidos en los calabozos de la Policía Local, y ha amenazado con la posibilidad de suspender el servicio si no obtiene respuesta.
En paralelo, ha dirigido este jueves un escrito al Defensor del Pueblo en el que pide su intervención ante el Ministerio del Interior.
El alcalde, Miguel González (PP), ha denunciado el "silencio" del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ante la solicitud formal presentada el 6 de abril, en la que pide una compensación económica para el municipio por el gasto de 200.300 euros anuales en la custodia de detenidos, según un informe de Intervención.
El regidor sostiene que se trata de un servicio de titularidad estatal que Laredo ha financiado "durante 20 años" con fondos municipales "sin haber recibido una compensación económica suficiente", por lo que cifra en "más de 4 millones de euros" la deuda del Estado con la villa.
Por ello, en la segunda solicitud da 15 días a la Delegación para responder. "Si transcurrido ese plazo no se recibe una respuesta que concrete las medidas de compensación previstas, el Consistorio adoptará las medidas necesarias para defender los intereses de los laredanos, incluida la posibilidad de suspender el servicio de custodia de detenidos para uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las dependencias municipales", ha advertido.
"El Ayuntamiento de Laredo no es ni puede ser el banco del Estado. Si el Gobierno de España no asume su responsabilidad, esta Alcaldía tendrá que tomar decisiones difíciles pero necesarias para proteger las cuentas públicas de todos los laredanos. La responsabilidad de lo que ocurra a partir de entonces será única y exclusivamente del delegado Casares y de quienes en el Gobierno de España han optado por el silencio como respuesta", ha añadido.
Y es que González ha acusado a Casares de "pasividad y dejación de funciones" una vez que, transcurridos diez días desde la recepción del primer oficio, esta administración "no ha emitido respuesta alguna, sumando así el último eslabón de una cadena de silencios institucionales que los laredanos ya no están dispuestos a seguir sosteniendo con su dinero".
Como ha explicado, el municipio ha asumido desde hace más de dos décadas la custodia de detenidos procedentes de las comandancias de Laredo, Ramales de la Victoria y Ampuero ante la ausencia de calabozos habilitados, y desde hace aproximadamente tres años este servicio se ha extendido también a Castro Urdiales y otras comisarías de la zona oriental de Cantabria.
Al hilo, González ha subrayado que "cada euro que se destina a financiar un servicio del Estado es un euro que no se invierte en los laredanos. Llevamos más de veinte años supliendo la irresponsabilidad del Gobierno central, y Casares ni siquiera tiene la decencia de contestar a un oficio formal. Esto no es gestión institucional, es abandono", ha sentenciado tras destacar que se trasladó esta problemática al delegado en su última visita oficial al municipio.
Del mismo modo, el regidor ha apuntado que se han hecho gestiones para obtener una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hasta ahora sin éxito pese al compromiso "adquirido por la propia ministra en febrero de 2024 de estudiar la situación de la Puebla Vieja".
En este contexto, Laredo ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo citando la Orden del Ministerio del Interior que fija en 35,44 euros por detenido y día la compensación que la Administración penitenciaria debe abonar a los municipios -módulo que lleva veinticuatro años sin actualizarse-.
El escrito recuerda además que la propia institución ya emitió en 2020 una recomendación al Ministerio del Interior instando a revisar esta cuantía por insuficiente, y pide al Defensor que dirija una nueva recomendación para la actualización urgente del módulo con carácter general para todos los municipios españoles en la misma situación.