La fiscal del juicio de 'La Loma', Pilar Santamaría, ha elevado a definitivas las conclusiones que modificó el pasado mes de octubre, cuando retiró los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y limitó los hechos a enjuiciar por la Audiencia provincial a las irregularidades en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable SUNP 12 en Santullán, sacando de la causa los sectores 3, 4 y 7.
La Fiscalía mantiene los cargos contra seis acusados, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, por presuntos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho según los casos.
Por su parte, la Junta Vecinal de Santullan, que ejerce la acusación particular, ha mantenido los cargos contra sus 11 acusados -cinco coinciden con los de la Fiscalía, por lo que el total de acusados son 13-, pero ha suavizado las penas que solicitó inicialmente al aceptar la atenuante de dilaciones indebidas. A la vez, ha reducido a 144.000 euros la indemnización que reclama para sí por el camino de su propiedad ocupado y destruido.
Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden la nulidad del plan parcial del SUNP 12, así como el proyecto de compensación y urbanización, y las licencias de 46 viviendas construidas por Vallehermoso en este sector.
Santullán ha modificado sus conclusiones en este apartado y ya no pide el derribo de esas 46 viviendas, solo de las 11 que afectan al camino de la junta vecinal y a la zona de reserva viaria, y acepta que el resto se ordenen en un nuevo plan parcial que cumpla la legalidad.
ACUSADOS Y CARGOS
La Fiscalía atribuye al exalcalde Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión. Para Díaz Helguera pide cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.
Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales, César Sáiz, le atribuye falsedad documental, prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.
Por su parte, la fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.
Al exarquitecto municipal Pedro Restegui le considera autor de un delito continuado de cohecho por el que solicita cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación de diez años; y al promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina le atribuye un delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.
CERTIFICADOS MUNICIPALES
La fiscal ha dedicado buena parte de su informe final a justificar la decisión de sacar del juicio de La Loma los SUNP 3, 4 y 7, y retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales, un planteamiento que hizo el primer día del juicio en octubre, "con la unanimidad de las acusaciones" y que se fundamenta en los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Castro Urdiales el 16 y 27 de septiembre.
Estos documentos, que certifican que esos sectores no se han desarrollado o se han "subsanado las deficiencias inicialmente observadas", han sido motivo de polémica durante el juicio porque no estaban incorporados a la causa. De hecho el tribunal los ha aceptado ayer a solicitud de la abogada del exconcejal José Miguel Rodríguez KyK, María Revenga.
La representante del ministerio público ha señalado que los hechos "novedosos" certificados por el Ayuntamiento y posteriores al primer escrito de calificación de la Fiscalía, entre ellos la construcción del depósito de agua de Monte Cueto, "no pueden ser desatendidos". Así, en el caso del SUNP 3 considera que "se ha desvirtuado el perjuicio" y la existencia de engaño en los compradores de las viviendas y que los responsables municipales "no tenían constancia fehaciente de la ilegalidad de sus iniciativas".
Esta situación no se da, a juicio de la Fiscalía, en el desarrollo del SUNP 12, en el que se aprobó un plan parcial "nulo" con un informe sectorial vinculante de la Dirección General de Carreteras que establecía una servidumbre de protección que no se respetó, dando lugar a que 11 de las 46 viviendas de Vallehermoso invadieran esa reserva viaria.
La fiscal señala como responsable directo al entonces alcalde por el PRC, Fernando Muguruza, que era quien estaba "al corriente de los trámites" y que en su opinión, actuó "con conciencia y voluntad de transgredir la legalidad".
"EL PASE"
Sin embargo, la abogada de la Junta Vecinal de Santullán, Yolanda Merino, acusa a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local (Muguruza, Rodríguez López, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Tomás Molinero), que a su modo de ver "engañaron a la CROTU, a la Junta Vecinal, a la Demarcación de Carreteras" y al resto de sus compañeros de Pleno.
Santullán, que a diferencia de la Fiscalía no ha formulado cargos contra el exalcalde Díaz Helguera, también acusa a otros cuatro acusados del Ministerio Público: Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Saiz, y Valentín Galdós Tobalina.
La acusación particular sostiene que "vulneraron sistemáticamente las normas legales aplicables consciente y voluntariamente con la voluntad de favorecer la inversión, gestión o rentabilidad de los terrenos adquiridos por Galdós Tobalina" en el SUNP 12.
Así, Merino ha denunciado que "se saltaron los controles en aras a que el pase --los trámites entre el promotor y el propietario del suelo-- se hiciera lo antes posible" y "se suprimió la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas".
Ha afirmado que se hizo una venta directa de suelo público a precio expropiatorio y sin control de la Intervención municipal. "Se dilapida patrimonio público como colofón de la gestión urbanística en beneficio del pase o del gestor", ha añadido.
La letrada de la acusación particular ha añadido que el proyecto de compensación promovido por Galdós Tobalina es "el paradigma de las prácticas corruptas" en el urbanismo de Castro, al "sobredimensionar las parcelas adquiridas".
Santullán sostiene que el SUNP`12 presenta múltiples causas de nulidad por "infracciones sustantivas" como la "vulneración flagrante y directa de trámites básicos como la publicidad de las normas y el derecho a la buena administración".
Merino ha denunciado que el plan parcial se tramitó sin publicidad y con "oscurantismo" para "tratar de ocultar lo que se estaba maquinando, impedir la participación y eludir controles, para evitar que el instrumento pudiera ser impugnado". Hubo, ha añadido, "manipulación de expedientes, acuerdos y documentos para evitar controles previos y posteriores".
Por último, ha asegurado que en la acusación de la Junta Vecinal de Santullán "no hay ninguna connotación política", al contrario de los que sostienen otras partes del proceso.
