Las plataformas vecinales Voz Joven, Castro Reacciona y Patrullas Castro han convocado una nueva concentración ciudadana el próximo domingo, 26 de abril, para denunciar la gestión de los centros de menores en Cantabria y exigir su "cierre inmediato" y "transparencia total" sobre su coste real.
Vecinos de Cartes y Santander se sumarán a esta movilización conjunta que tendrá lugar a las 13.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales, con el objetivo de visibilizar lo que consideran una "falta de transparencia" en el uso de fondos públicos y en la toma de decisiones por parte de las administraciones.
Los organizadores piden explicaciones "claras" sobre el destino de los recursos públicos y, en particular, sobre la adjudicación de "más de 2,3 millones de euros" en 2025 a la Fundación Cuin. Asimismo, exigen que se aclaren posibles relaciones entre entidades gestoras y empresas proveedoras de servicios a estos centros, ya que entienden que la ciudadanía "tiene derecho a conocer con exactitud cómo y en qué se está utilizando el dinero público".
En el plano político, los convocantes plantean un cambio en el modelo actual, que consideran que "ha fracasado, genera un evidente efecto llamada y está provocando una creciente preocupación vecinal por problemas de seguridad".
Así, solicitan el cierre progresivo de los centros existentes y la apertura de un debate público a nivel nacional sobre esta cuestión, que incluya la convocatoria de un referéndum que permita a los ciudadanos pronunciarse sobre las políticas de acogida y su financiación. En paralelo, reclaman medidas urgentes para "garantizar la seguridad y la convivencia" en los barrios afectados, además de una respuesta institucional ante las denuncias presentadas por vecinos.
Y es que, para éstos, la prioridad debe ser garantizar la correcta gestión de los recursos públicos, que "deben destinarse primero a mejorar la vida de los ciudadanos que cumplen la ley, reforzar los servicios públicos y atender las necesidades reales de Cantabria".
Los organizadores han advertido que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas "claras, verificables y públicas" por parte de las administraciones competentes.
