CastroVerde sostiene que, aunque el Ayuntamiento de Castro Urdiales "no tiene obligación legal" de aprobar la modificación urbanística del convenio urbanístico de Conservas Lolín, tal y como ha determinado la Justicía, sí debería de hacerlo para "al menos preservar", el empleo en esta empresa, que, tras la decisión judicial, anunció su cierre.
Esta decisión de la empresa se ha producido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya desestimado su recurso contra los acuerdos plenarios del Ayuntamiento castreño rechazando la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la parcela la conservera, en Brazomar, de industrial a comercial.
Según la empresa, este cambio de uso habría permitido la supervivencia de la fábrica, con 66 años de actividad, y que ahora cerrará, con lo que cincuenta familias perderán sus puestos de trabajo.
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En un comunciado, CastroVerde sostiene que "no existe impedimento legal" para aprobarla al contar, según ha subrayado, "con todos los informes favorables". Además, afirma que "la actuación garantiza el interés general al dar cumplimento a un convenio que fue avalado por el mismo Tribunal".
Este partido, que gobernó la pasada legislatura en el municipio, ha rechazado las justificaciones del Ayuntamiento, gobernado ahora por el bipartito PSOE-Cs, para no aprobar la modificación urbanística que llevaba años tramitándose.
"Si la ordenación urbanística, es decir el futuro de la ciudad, responde a los criterios políticos de quien gobierne y está sujeta a cambios tras la elecciones, ¿para qué entonces el cacareado Plan Estratégico?", se ha preguntado.
Para CastroVerde el argumento del equipo de Gobierno "hace aguas la seguridad jurídica y la confianza empresarial hacia el Consistorio". "Con estos antecedentes ¿qué empresa de entidad va a querer instalarse en Castro?", se ha cuestionado.
CastroVerde afirma que los políticos "deben hacer todo lo que legalmente esté en su mano para crear -o al menos preservar- el empleo" en el municipio y considera que el PSOE "incumple este código deontológico básico de quien quiere representar a sus vecinos, por mucho que se escude en jerga jurídica".
