El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha rechazado este martes la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la parcela de Conservas Lolín, en Brazomar, de industrial a comercial.
Los votos a favor de PRC y CastroVerde, partidos que habían impulsado este pleno extraordinario para someter a aprobación definitiva el cambio urbanístico, no han sido suficientes frente a las abstenciones de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del concejal de Podemos, Alberto Martínez, y ello a pesar de que los tres ediles del PP no han asistido a la sesión.
Tampoco ha asistido el concejal del PRC y secretario general del partido en Castro, Jesús Gutiérrez, propietario de Conservas Lolín, al ser parte interesada en la modificación puntual, con la que se pretende que la conservera se traslade al polígono del Vallegón, en Sámano, y la parcela que ocupa actualmente en Brazomar se destine a usos comerciales, en los que ya hay una empresa interesada (Mercadona).
PRC, cuya postura ha defendido la concejala Carla Paola Urabayen de Andrés, y CastroVerde han lamentado quedarse solos apoyando esta modificación puntual pese a que cuenta, según ellos, con "todos los informes favorables y la aprobación unánime de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)", que dio luz verde el pasado octubre.
Los socios del equipo de Gobierno local, PSOE y Ciudadanos, han justificado su postura en un reciente informe de la secretaria municipal en el que avisa que, antes de aprobarse y en cumplimiento del convenio firmado entre el Ayuntamiento y Conservas Lolín hace cuatro años, la empresa debe certificar la compra o alquiler de la parcela de Vallegón y que cuenta con los fondos o la financiación para la construcción y puesta en marcha de la nueva fábrica.
"Eso no se ha acreditado aún", ha señalado la alcaldesa de Castro Urdiales, la socialista Susana Herrán, que ha explicado que el equipo de Gobierno no cuestiona todos los informes existentes sobre esta modificación tanto del Ayuntamiento como de la CROTU sino la aprobación de la misma sin que la empresa "esté cumpliendo sus compromisos" recogidos en el convenio cuando "el Ayuntamiento los ha cumplido todos".
Además, la regidora ha indicado que la secretaria municipal ha explicado que no era obligatorio aprobar la modificación mientras Conservas Lolín no ha cumplido su parte en un informe dictado a instancias de la Alcaldía y solicitado a raíz de las "coacciones" por parte del gerente de la conservera, Fernando Gutiérrez, hermano del concejal regionalista, hacia los ediles de la Corporación.
Unas "coacciones" por las que los representantes municipales del PSOE, Cs, PP y Podemos han interpuesto una denuncia penal contra la empresa y su gerente ya que, según ha afirmado la alcaldesa, Fernando Gutiérrez remitió un escrito al Ayuntamiento señalando que, si los concejales no votaban a favor de la modificación del PGOU o no acudían a la sesión, "les demandaría y reclamaría responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable".
En cualquier caso y dejando a un lado todo lo acontecido desde hace una semana en relación a esta modificación, Herrán ha asegurado que en el PSOE "siempre hemos tenido dudas" desde que, tras la aprobación inicial hace más de un año, la Confederación Hidrográfica remitiese informe advirtiendo de que la parcela es una zona de flujo de agua e inundable.
En ese informe también han justificado su posicionamiento el concejal de Cs José María Liendo, que ha dicho que por eso y por el hecho de que Conservas Lolín "no esté cumpliendo los compromisos del convenio" es de "responsabilidad política" no dar luz verde a esta modificación puntual del PGOU.
Desde Podemos, el concejal Alberto Martínez ha rechazado la modificación porque no está de acuerdo con el planeamiento urbanístico de la zona de Brazomar, donde su formación apuesta por crear zonas verdes y no nuevos espacios comerciales, y ha señalado que la Confederación ya ha advertido de que es una zona inundable y, ante ello, ha advertido de que, "si en el futuro sucede alguna desgracia, la responsabilidad recaerá sobre quien haya aprobado" este cambio.
Frente a los argumentos de PSOE, Cs y Podemos, la concejala del PRC Carla Paola Urabayen de Andrés ha negado "coacciones" por parte del gerente de la conservera y ha considerado que lo que hizo fue "advertir" y, sobre el informe de la secretaria municipal, ha considerado que es "incomprensible" que la empresa tenga que justificar el alquiler o compra de una parcela en Vallegón.
"Cualquiera puede necesitar vender su casa para después comprarse una nueva", ha espetado la concejala del PRC, quien además ha señalado que hay un informe de Sican que confirma la viabilidad del proyecto de la conservera en el Vallegón e indica que cuenta con los fondos necesarios para llevarlo a cabo, aunque la secretaria municipal diga que no se ha acreditado este extremo.
La edil regionalista ha lamentado que, tras cinco años de tramitación de todo el expediente de la parcela, "no hay ningún motivo y es inexplicable" que la mayoría de los partidos del Consistorio rechacen la modificación puntual y les ha acusado de poner en riesgo "a las familias de las 50 trabajadoras" de la conservera, que han asistido al pleno y han realizado una concentración antes del inicio de la sesión.
Urabayen de Andrés ha enfatizado además que, con esta modificación, el Ayuntamiento de Castro Urdiales ganará en la futura zona comercial "950 metros cuadrados" de espacio cubierto para usarlo "como le sea conveniente". "Pero además se contribuirá a mantener una empresa local de más de 60 años y los empleos de 50 personas y se impulsará la creación de hasta 90 nuevos puestos de trabajo en el centro comercial", ha dicho.
Por su parte, el concejal de CastroVerde Eduardo Amor ha señalado no comprender por qué el resto de grupos no apoyan esta modificación y se ha cuestionado "si hay algún impedimento legal" para dar luz verde a un cambio de uso en el que su partido trabajo durante toda la pasada legislatura.
La aprobación definitiva de la modificación puntual no ha salido adelante en este pleno extraordinario que se ha celebrado entre mucha expectación y con un salón abarrotado de asistentes. Además de las trabajadoras de la conservera, han asistido representantes del PRC del Gobierno de Cantabria, del Parlamento y de varios municipios.
Del Gobierno ha asistido la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández; y el jefe de Gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón; y junto a ellos han estado el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando; y la diputada regionalista Emi Aguirre.
