El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desestimó el pasado mes de enero la reclamación por importe de 13,7 millones de euros que la promotora Castrum Varduliex presentó en junio de 2016 contra el Ayuntamiento de Castro Urdiales, alegando que la administración había retrasado la construcción de las viviendas que promovió en la UE 1.34, cercanas al Pachi Torre.
La sentencia del TSJC fue recurrida al Supremo, que ha desestimado su tramitación en una providencia fechada el 29 de septiembre, dando firmeza así a la sentencia de enero pasado, que condenaba en costas a la promotora y las fijaba en 245.000 euros a indemnizar al Ayuntamiento.
El TS también condena a la empresa al pago de las costas, por un importe máximo de 1.000 euros, en favor del Consistorio.
El fallo ya firme ratifica otro anterior del Juzgado Contencioso nº2, de junio de 2019, que igualmente desestimó la reclamación de la promotora, dado que las causas de la paralización del edificio construido se debió primeramente a una investigación judicial, y otra en 2013, debido a irregularidades constructivas al no corresponder lo construido con la licencia de obras concedida en noviembre de 2008, explica CastroVerde en un comunicado de prensa.
La paralización judicial, de noviembre de 2009 a noviembre de 2012, estuvo ligada a los problemas urbanísticos de la zona del Pachi Torre, en la que se ubica el edificio, y finalizó en un proceso penal que la Audiencia Provincial ha resuelto recientemente.
Posteriormente, en 2013, se produjo otra paralización ya que los servicios técnicos municipales detectaron que la obra realizada no se correspondía con la licencia concedida en 2008, por la altura del edificio y otros aspectos, que derivó en una modificación de la licencia inicial para 162 viviendas, en otras dos de sendos edificios con 114 y 19 viviendas, además de una tercera modificación del Estudio de Detalle de la UE 1.34 para adaptarlo al edificio construido.
Una vez modificadas las licencias de obra y el E.D. durante 2014, además de corregidas deficiencias en el edificio, se concedió licencia de primera ocupación al bloque de 114 viviendas el 9 de junio de 2015. Un año después se interpuso la demanda al juzgado por 13,7 millones alegando retraso en la tramitación de las licencias del edificio.
"Si ya resulta poco verosímil que se reclame indemnización por una paralización judicial, y por defectos en la construcción, lo es más que se reclamen 13 millones en pérdidas cuando el coste de construcción declarado en las licencias de los dos edificios no llega a nueve millones y la mayoría de viviendas ya han sido vendidas", critica CastroVerde.
La formación agradece la buena defensa del caso por el letrado municipal con apoyo del Departamento de Urbanismo realizada en el periodo 2016-2019 -durante el mandato de CastroVerde-, cuyo trabajo ha posibilitado que las tres instancias judiciales ratifiquen la actuación urbanística llevada por el Ayuntamiento "librándole de una indemnización millonaria".
CastroVerde destaca por último que esta resolución se suma a la que ya se produjo en la zona por otro promotor que reclamó 5,6 millones al Ayuntamiento, o la de la segunda reclamación de ASCAN de 2,7 millones, ambas desestimadas por el TSJC y "precedidas de coordinación y trabajo en equipo entre los distintos departamentos municipales", concluye.
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