Condenan a los propietarios del camping de Ajo por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo
Los cuatro propietarios del Camping Las Arenas de Ajo, en el municipio cántabro de Bareyo, han sido condenados a año y medio de cárcel como autores de un delito continuado contra la ordenación del territorio y urbanismo, aunque no ingresarán en prisión al carecer de antecedentes penales.
La suspensión de la condena está condicionada a que no vuelvan a delinquir en un plazo máximo de tres años.
Además, deberán pagar una multa de 3.600 euros y demoler las obras ilegales de la instalación y restablecer el terreno a su estado original. Asimismo, tendrán que pagar las costas judiciales.
Por otra parte, en la sentencia --a la que ha tenido acceso Europa Press-- se hace reserva expresa de acciones civiles a favor de los campistas afectados, lo que permitirá reclamar daños y perjuicios en vía civil e instar a la ejecución penal en caso de incumplimiento.
La resolución, dictada por la jueza de la Plaza nº3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander, es firme tras la vista de conformidad celebrada el pasado día 20 entre la Fiscalía y los acusados, al manifestar ambas partes su voluntad de no recurrirla y reconocer estos últimos los hechos y su responsabilidad penal, lo que ha permitido la reducción de las penas solicitadas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ordenó a principios de 2025 el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación del camping al estar en suelo "ilegal".
En él se ubican propiedades de decenas de familias, la mayoría procedentes del País Vasco, sin que "tuvieran conocimiento de ello", relataron entonces, asegurando que los propietarios realizaron ampliaciones "sin permiso ni licencia" y de forma "clandestina" desde 2008.
La Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas --que aglutina a más de un centenar de familias-- se querelló contra ellos por un delito continuado de estafa por "ocultar" la situación de ilegalidad de ese suelo en el momento de la venta de los 'mobil homes' (segundas viviendas) y, después, con el pago del alquiler anual por las parcelas "ilegales" que ocupan. Todo ello provocó una serie de movilizaciones y protestas.
Además, a raíz de la sentencia del TSJC, el Ayuntamiento de Bareyo procedió a cortar los suministros de agua y luz a la parte del camping condenada.
VALORACIÓN POSITIVA
Desde esta asociación han valorado como "positiva" la sentencia a pesar de la rebaja de penas. Así han trasladado que la condena y el reconocimiento por parte de los propietarios refuerza su posición, y han destacado que si estos vuelven a delinquir podrán solicitar su ingreso en prisión.
También han advertido que permanecerán atentos al cumplimiento efectivo de la sentencia y, en caso de que continúe el uso ilegal de las parcelas afectadas, "se iniciará la fase de ejecución judicial para exigir el cumplimiento íntegro de la resolución".
Por otro lado, están a la espera de la admisión de la querella interpuesta en febrero del pasado año por presunta estafa en el Juzgado de Santoña, ya que, en caso de prosperar y recaer nuevas condenas, "las penas podrían acumularse con consecuencias penales más graves".