El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha cargado duramente contra el Partido Popular y el Partido Socialista por el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, al considerar que deja a Cantabria sin mejoras económicas y en una posición de desventaja respecto a otras comunidades.
La candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha denunciado que, pese a que el nuevo sistema contempla un incremento global de 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, Cantabria no obtendría ningún aumento en sus recursos. A su juicio, esta situación supone un perjuicio directo para la financiación de los servicios públicos y rompe el equilibrio territorial.
Fernández Viaña ha señalado que la propuesta ignora las particularidades de comunidades pequeñas y dispersas como Cantabria, al reducir el peso de criterios como la dispersión poblacional y el envejecimiento —con una rebaja de 1,5 puntos en el tramo correspondiente a la población mayor de 65 años—, mientras se refuerzan otros factores que benefician principalmente a territorios más poblados y urbanos.
Desde el PRC sostienen que esta modificación penaliza a Cantabria, donde el coste de garantizar servicios básicos como la atención sanitaria, el transporte escolar o la asistencia social en zonas rurales es sensiblemente mayor que en grandes núcleos urbanos. “No cuesta lo mismo mantener un consultorio o una ruta escolar en comarcas como Liébana, Campoo o el Nansa que en ciudades como Madrid o Valencia”, ha argumentado la candidata regionalista.
La dirigente del PRC también ha criticado la postura de los partidos nacionales en Cantabria. Ha acusado al PSOE cántabro de respaldar una propuesta que, según ha recordado, contradice los acuerdos aprobados en el Parlamento regional, y al Gobierno autonómico del PP de no defender con firmeza los intereses de la comunidad en las negociaciones estatales.
Finalmente, Fernández Viaña ha reiterado la disposición del PRC a respaldar una negociación basada en el consenso y el rigor técnico, recordando el modelo acordado en 2009, cuando se incorporaron mecanismos específicos para atender las singularidades de Cantabria. En este sentido, los regionalistas han reclamado al Ejecutivo autonómico que adopte una posición más reivindicativa y exija una financiación “justa y equilibrada”, acorde a las necesidades reales de la comunidad
