La vista para formalizar la conformidad en el caso Gesvicán se celebra el viernes
La vista para formalizar la conformidad en el caso Gesvicán, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región, se celebra este viernes 23, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
En la misma, la fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados en el caso formalizarán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa, que evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados por la adjudicación irregular de contratos.
Dado que éstos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.
El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander abrió juicio oral contra dos empleados públicos de Gesvicán que cobraban por elaborar proyectos para empresas que optaban a concursos de la entonces Consejería de Obras Públicas.
También lo hizo contra los responsables de SENOR y RUCECAN, por pagar a los primeros para asegurarse una buena valoración en las adjudicaciones.
Los cinco investigados anunciaron entonces que reconocían los hechos y se adhirieron al escrito de acusación del ministerio fiscal y del Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular.
Ahora, la vista formalizará este acuerdo ante el magistrado presidente del órgano enjuiciador.
Según explicaba el magistrado instructor en su auto, Gesvicán tenía como cometido, entre otros, revisar la documentación inicial que presentaban las empresas aspirantes a los concursos que convocaba la Dirección General de Obras Públicas con el fin de determinar la evaluación de la misma.
"Dicha actividad, referida por tanto a valorar ofertas con fórmulas matemáticas y juicios de valor, no entrañaba en modo alguno capacidad decisoria", añadía.
Pues bien, señalaba la resolución que "ambos empleados, que venían efectuando puntuaciones concretas conforme a baremos y establecían prelación de clasificados, se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios".
Por elaborar las condiciones técnicas y de calidad cobraban 2.500 euros, si la técnica colocaba a la empresa licitadora en primera posición la tarifa era de 2.000 euros y si finalmente la empresa resultaba adjudicataria entonces recibían 5.000 euros.
Así las cosas, el auto señalaba que en el año 2019 las empresas SENOR y RUCECAN se presentaron en unión temporal de empresas a tres proyectos, y que uno de los empleados, que era el encargado de Gesvicán para la elaboración de proyectos y análisis de condiciones técnicas y de calidad, "con el auxilio puntual en algunos trabajos del otro acusado, se dedicó a preparar conjuntamente para las empresas los estudios técnicos de sus licitaciones".
De este modo, explicaba el magistrado instructor que alteraron "la libre concurrencia entre competidores, quebrantando sus deberes inherentes al cargo de forma reiterada a cambio de precio por prestación de sus trabajos".
Las empresas abonaron al cincuenta por ciento la tarifa de los dos empleados públicos y sus ofertas resultaron ser las adjudicadas.
Añadía la resolución que no se puede determinar la cantidad exacta que cobraron, pero "cuando menos, la cantidad de 53.000 euros, según se desprende de las anotaciones recogidas en los registros practicados".
El perjuicio de la defraudación entendía el magistrado que "recae en las arcas del Gobierno de Cantabria, ya que obviamente ha afectado a la cuantía de las ofertas por las que se adjudicaron los contratos y probablemente también haya sido trasladado a una ejecución minorada de la calidad de las obras públicas".
La de Gesvican es una pieza separada del caso de la trama de Obras Públicas --abierta durante la instrucción contra once personas y cuatro mercantiles por la presunta adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región-- por presunto fraude en la contratación pública y cohecho.
Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.