El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad la modificación de la ley autonómica de Reconocimiento, Homenaje y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo para ampliar las indemnizaciones de las víctimas y sus familiares a más beneficiarios.
Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de dicha ley, el objetivo de la modificación es "mejorar y aclarar determinados aspectos de su regulación, así como incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de las víctimas y sus familiares", dándose así "mejor cumplimiento" a los fines de la norma.
De esta forma, la modificación actual permite ahondar en uno los objetivos prioritarios de la Ley: la creación de un sistema de reparación integral de los daños causados por las actuaciones terroristas y la defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.
En concreto, se incluye como personas beneficiarias a los herederos de quienes, teniendo derecho a percibir las indemnizaciones previstas en la Ley, hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la citada norma, siempre que los herederos fueran cónyuges o personas ligadas con ellas por análoga relación de afectividad o parientes consanguíneos dentro del segundo grado.
Por otra parte, se amplían los supuestos merecedores de indemnización, extendiéndola a las víctimas de secuestro y de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, hubieran determinado la necesidad de establecer su centro de vida familiar en alguno de los municipios de Cantabria.
En estos nuevos casos, como en los demás ya previstos en la norma, la concesión de las indemnizaciones requerirá el cumplimiento de los condicionantes legalmente previstos y, en especial, el previo reconocimiento por parte del Ministerio de Interior de la condición de víctima del causante de la indemnización y consistirán en un 30% de las cantidades reconocidas por la Administración del Estado.
Lo votado este lunes es el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo regional. Previamente , el 1 de diciembre de 2025 el Parlamento ya dio luz verde a una modificación de esta norma con un sentido similar, en ese caso a través de una proposición de ley planteada por Vox.
Al respecto, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha explicado que el pasado octubre el Gobierno regional (PP) trasladó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo el contenido del texto del proyecto para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, ha censurado que Vox "se adelantó" y presentó una proposición de ley, "hecha en una noche y a todo correr, sin informes y sin ningún trámite que garantice que cumple lo que las víctimas querían", que el Parlamento aprobó en diciembre por consenso.
Tras lo ocurrido, Urrutia ha pedido "dejar de lado" los personalismos, volver "al entendimiento, al acuerdo, a la lealtad" con los valores y principios, y al consenso que se alcanzó cuando se aprobó por primera vez esta ley en Cantabria, con la que se devolvió a la sociedad "la deuda pendiente" que se tenía desde hace "muchísimos años" con las víctimas del terrorismo, con su reconocimiento, su memoria, su justicia y su dignidad.
"En estos días que sentimos asco y se nos ponen los pelos de punta de ver cómo salen de la cárcel asesinos que quebraron la vida y muchas familias", ha añadido la consejera.
En la misma línea, el diputado 'popular' Juan José Alonso ha indicado que lo aprobado hoy "corrige lo que las prisas de unos y la hipocresía de otros provocaron que el pasado mes de diciembre no se hicieran las cosas adecuadamente bien", pero también, y "lo más importante, hace justicia a quien lo merece".
Por su parte, desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, cree que "no es el momento" de echarse en cara quién trajo esta iniciativa, sino de "mirar hacia adelante" y, con motivo del próximo 11 de marzo, que "todas las víctimas vean que el conjunto de los partidos hemos hecho una apuesta clara por lo que tiene que ser la política responsable: trabajar para los ciudadanos, para el bien común y para solventar los problemas y no para crearlos".
Asimismo, el diputado socialista Joaquín Gómez ha señalado que "lo importante son las víctimas" y ha celebrado el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, coincidiendo con el 34 aniversario del atentado de ETA en La Albericia, que costó la vida a tres personas y causó una veintena de heridos.
Mientras, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha indicado que lo que sucedió en diciembre fue "al revés" de lo que ha contado la consejera, ya que el Ejecutivo autonómico introdujo su texto una vez que Vox presentó su proposición "previamente".
Al respecto, ha señalado que desde el grupo avisaron que, si para después del verano, es decir, nueve meses por delante, el Gobierno no traía a la Cámara dicha reforma, lo haría Vox porque era "el compromiso que habíamos adquirido".
Y para el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, "no tiene sentido plantear cualquier discusión sobre esta ley". En este punto, cree que es "obligación" de los parlamentarios promover leyes, dado que las proposiciones de ley, que "se aprueban como rosquillas", en realidad "no se cumplen" y no tiene "ninguna consecuencia", ha censurado.
Así, una vez el Parlamento ha aprobado, con 35 votos a favor, la modificación de esta ley, se propone facultar a los servicios de la Cámara realizar las oportunas correcciones terminológicas y ordenar el texto.
