UGT propone que las empresas que apliquen un ERE tengan que devolver las ayudas públicas
El pleno del Comité Regional de UGT en Cantabria ha aprobado este viernes siete resoluciones, entre ellas una en la que denuncia "el momento crítico" del sector industrial e insta a desarrollar una normativa legal que obligue a las empresas a devolver todas las subvenciones públicas que hayan recibido en los últimos 10 años si ejecutan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En esta misma resolución, el sindicato rechaza que "los ERE presentados o ejecutados en empresas emblemáticas no responden a causas económicas reales, sino a estrategias de deslocalización y maximización de beneficios a costa de las familias cántabras".
El texto agrega que para sectores estratégicos en Cantabria, como la siderurgia, la química, el cemento o componentes del automóvil, "el mantenimiento del empleo depende del precio de la energía", y por ello exige al Gobierno de Cantabria y al de España "la plena aplicación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, fomentar contratos de energía a largo plazo que den estabilidad a las fábricas cántabras".
Otra de las resoluciones alude al problema de la vivienda, una de las cuestiones principales analizadas en el primer Comité Regional de UGT celebrado tras la reelección de Mariano Carmona como secretario general en Cantabria en febrero del año pasado.
En esta resolución, el máximo órgano entre congresos de UGT reclama al Gobierno de Cantabria que, "con carácter de urgencia", adopte medidas para frenar la especulación, movilizar viviendas vacías, ampliar el parque público de vivienda social, regular precios del alquiler allí donde el mercado esté tensionado, regular los pisos turísticos e instar a políticas públicas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente las que tienen menos recursos.
La iniciativa defiende que "la vivienda sea un derecho, no un negocio", y que el Gobierno de Cantabria "tiene herramientas a través de la Ley Estatal de Vivienda" para poner en práctica las medidas propuestas.
El Comité Regional de UGT en Cantabria también ha dado luz verde una resolución sobre la situación internacional, la "amenaza de la democracia", la disputa por los recursos naturales y sus repercusiones en la clase trabajadora, en la que ha condenado "todas las guerras y violaciones del derecho internacional que afecten a la población civil".
FP, LEY DE AMIANTO y SRECD
Además, ha rechazado que "se pierda uno de cada dos euros destinados a la Formación Profesional y aportados a través de las cotizaciones de trabajadores y empresas porque no se recuperan mediante bonificaciones en sus seguros sociales con la condición de que las acciones formativas estén vinculadas al desarrollo profesional de sus empleados".
Según aclara esta resolución, las 4.493 empresas que realizaron formación bonificada representan un 23,8% de las beneficiarias potenciales durante el año 2024, por lo que se insta a fomentar la utilización de estos fondos para la formación de la plantilla.
El Comité Regional de UGT también ha denunciado en otra de las resoluciones aprobadas que "una mayoría de los municipios de Cantabria no cumplen la ley de retirada del amianto", pese a que desde el sindicato se instó a los ayuntamientos a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos públicos con este material y el subsiguiente calendario para su retirada.
Otra de las iniciativas que ha sacado adelante el máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria reafirma que "ningún avance social está garantizado sin la movilización organizada "y que la defensa de las pensiones, los servicios públicos y los derechos de las personas son "una tarea central del sindicalismo y de toda la ciudadanía".
Por último, se ha respaldado una resolución planteada por la sección sindical de UGT en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, cuya plantilla viene movilizándose en demanda de un convenio colectivo.
Así, el sindicado ha apoyado las movilizaciones y exige un nuevo convenio en la SRECD que regule las relaciones laborales de sus 160 trabajadores.
"Desde que en 2007 se fundó la SRECD han pasado diferentes gobiernos regionales y direcciones de la empresa y todavía nadie ha sido capaz de negociar y firmar un convenio colectivo único", afirma el texto.