Cantabria ha presentado alegaciones al Plan Nacional de Respuesta a la invasión de Ucrania con el objetivo de ampliar los beneficiarios y supuestos en los que los contratistas de obras con las administraciones públicas puedan revisar al alza los contratos y así hacer frente a la subida del coste de los materiales.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha informado de las propuestas de la región presentadas al Plan Nacional, que el Gobierno de España ha abierto a las aportaciones de los grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos y locales y agentes sociales, ha indicado autonómico el Ejecutivo en nota de prensa.
Fernández ha destacado la importancia de dichas alegaciones, aportadas desde la Consejería de Obras Públicas y su propio departamento para que más empresas cántabras puedan absorber los efectos de la subida del coste de los materiales en la ejecución de las obras.
Según ha advertido, esta circunstancia "está poniendo en riesgo la continuidad de la obra pública, el funcionamiento de los servicios públicos, así como la propia estabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas regionales".
Por esta razón, la comunidad ha solicitado ampliar la posibilidad de una revisión excepcional de los precios de determinados contratos públicos afectados por la subida del precio de los materiales, no solo para aquellos que se encuentren en ejecución sino también los formalizados, para incluir los contratos suscritos y pendientes del acta de comprobación de replanteo.
También ha pedido ampliar los casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos que se encuentran en fase de adjudicación y los que están adjudicados pero pendientes de formalización.
En este caso, Cantabria ha abogado por aportar seguridad a los contratistas para evitar que obras en licitación puedan quedar desiertas o demorarse su inicio por la subida extraordinaria de los materiales. "Más aún en estos momentos con muchas actuaciones sujetas a Fondos Europeos con plazos rigurosos para su ejecución", ha apuntado la consejera.
"Creemos que tenemos que ampliar el número de obras y servicios en los que se puede aplicar esta revisión excepcional para actualizar los precios y ampliar con ello las empresas beneficiadas que deben hacer frente a sobrecostes extraordinarios poniendo en riesgo la ejecución de los contratos y la continuidad de las empresas", ha defendido.
Del mismo modo, la comunidad ha solicitado incluir en este proceso de revisión de precios excepcional a la contratación pública efectuada por las entidades locales, y así absorber también la subida de costes de las pequeñas y medianas empresas de la región que trabajan con los ayuntamientos y juntas vecinales.
La consejera ha cuestionado esta discriminación del Plan Nacional frente a los contratos de obras de las comunidades autónomas: "más si tenemos en cuenta que gran parte de las inversiones en obra pública se realiza en estas administraciones públicas y se estaría dando un trato privilegiado a las grandes constructoras, en contra de la pequeña y mediana empresa".
Además, ha argumentado que excluir a las entidades locales de este proceso de revisión excepcional de los contratos de obras supone una "contradicción" con el mandato europeo de fomentar el acceso a la licitación a todo tipo de empresas y ha avisado que "podría introducir una disfunción económica y social de imposible explicación o justificación".
Por último, Fernández, que coordina los trabajos y alegaciones de Cantabria al Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, ha insistido en la necesidad de dar una "mayor celeridad" al proyecto debido a la "urgencia" de la situación de muchos ciudadanos y empresas. "La aplicación de las ayudas puede llegar 'in extremis' para los sectores más afectados", ha concluido.
