El Tribunal de Cuentas ha informado este martes del "uso excesivo" de la contratación menor detectado en las universidades públicas de Cantabria, Murcia y Extremadura en 2022.
Así lo ha hecho la presidenta del organismo fiscalizador, Enriqueta Chicano, que ha comparecido este martes en el Congreso en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha abordado el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las universidades y sus entidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022.
El organismo, en este informe, detecta un uso intensivo de la contratación menor por parte de varias universidades públicas y sus entidades dependientes en comunidades autónomas sin Órgano de Control Externo (OCEX) propio.
Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización aprobado por el Pleno, referido al ejercicio 2022, y que analiza 198 contratos de cinco universidades públicas y 154 contratos de seis entidades vinculadas.
Chicano ha destacado en su comparecencia que, en 2022, las universidades celebraron más de 34.500 contratos por un importe superior a 67 millones de euros
Según se recoge en el informe, la contratación menor supuso un porcentaje elevado del volumen adjudicado en cuatro de las cinco universidades fiscalizadas: alcanzó el 58% en la Universidad de Murcia, el 51% en Cantabria, el 37% en la Politécnica de Cartagena y el 30% en la Universidad de Extremadura. Solo en el caso de la Universidad de La Rioja este porcentaje fue significativamente menor, situándose en el 18%.
Esta práctica, si bien prevista en la normativa vigente, "conlleva riesgos específicos derivados de la no exigencia de publicidad ni concurrencia", como señala el Tribunal de Cuentas, y puede dar lugar a posibles adjudicaciones fraccionadas o repetitivas.
El informe valora positivamente que las universidades hayan comenzado a adoptar medidas para planificar su contratación y reducir el recurso sistemático a contratos menores.
Entre estas medidas destacan la mejora en la previsión de necesidades, el refuerzo de los procedimientos internos y la posible utilización de contratos de prestación sucesiva, más adecuados para servicios continuados.
Más allá del análisis técnico, la fiscalización ha tenido un efecto positivo directo sobre el cumplimiento normativo de las entidades.
En particular, ha conseguido que las entidades dependientes que no venían remitiendo su información contractual al Tribunal de Cuentas -en algunos casos por desconocimiento de la obligación legal- hayan comenzado a hacerlo.
El Tribunal de Cuentas emitió además un conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a las universidades como a sus entidades vinculadas.
Entre otras, recomienda a las universidades de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena que se adopten las medidas necesarias, en particular por parte de la Universidad de Extremadura, para garantizar que el envío de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.
A todas las entidades dependientes fiscalizadas, el Tribunal de Cuentas también aconseja que adopten las medidas necesarias para garantizar que el envío al organismo de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.
Asimismo, recomienda que lleven a cabo una adecuada planificación de la cobertura de las necesidades recurrentes, evitando la celebración de contratos sucesivos que atienden necesidades continuadas, lo cual "permitiría la contratación de los servicios y suministros necesarios a través de los procedimientos ordinarios de adjudicación, con plena garantía de los principios de publicidad y concurrencia".
