Un total de 22.663 asalariados y 1.504 autónomos recibieron en Cantabria algún tipo de prestación social en octubre, en el marco de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis social y económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, al cierre del mes de octubre, 3.523 trabajadores estaban afectados en la comunidad autónoma por un ERTE. Esto son 32.024 trabajadores menos que en el peor momento de la crisis en el conjunto de España, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 35.547.
Por lo tanto, un 90% de los trabajadores han salido de un ERTE. En estos datos aún no se incluye la nueva figura del ERTE del Real Decreto 30/2020, con dos nuevas modalidades de expedientes temporales, por impedimento y por limitaciones.
Por otro lado, en septiembre un total de 22.663 trabajadores cántabros percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 22,5 millones de euros. De ellos, 9.359 eran trabajadores acogidos a un ERTE, cuya nómina asciende en total a 4,5 millones de euros.
Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 233,9 millones de euros (de los cuales, 96,7 corresponden a ERTEs), 142 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Asimismo, desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el cierre del pasado mes, un total de 21.234 cántabros autónomos han recibido algún tipo de prestación de la Seguridad Social. De ellas, 19.730 son prestaciones extraordinarias por cese de actividad, vigente hasta el 30 de junio. Desde esa fecha hasta el 31 de octubre, 1.504 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad.
En cuanto a los avales gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a 31 de octubre, en Cantabria se han aprobado 10.842 operaciones, que afectan a 7.101 empresas, por un importe avalado de 768 millones de euros y una financiación total de 984 millones.
FONDO COVID-19
Por otro lado, Cantabria ha recibido un total de 86,9 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 64,7 millones del primer tramo destinado a gasto sanitario y otros 22,1 millones de euros para gasto educativo.
Además, a la Comunidad Autónoma le corresponden 4 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para minimizar el impacto social de la pandemia. Asimismo, ha dispuesto de 597.000 euros de becas comedor que están dando cobertura a 800 familias.
Como en el conjunto del país, se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.
También Cantabria podrá destinar a gasto sanitario 27 millones de euros de Fondos FEDER.
"ESCUDO SOCIAL SIN PRECEDENTES"
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de España "ha creado un escudo social sin precedentes para dar respuesta a una crisis sin precedentes, protegiendo a empresas, trabajadores, autónomos y familias".
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