La tasa de pobreza cántabra en 2022 (del 19,5%, la cuarta más baja del país), sin ningún tipo de transferencias públicas, se habría triplicado hasta un 45%, mientras que si la única aportación existente fuesen las pensiones por jubilación y supervivencia, habría aumentado en 9,6 puntos porcentuales, según el Informe 'El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Según el citado informe, la tasa AROPE de Cantabria descendió el año pasado 1,9 puntos porcentuales, hasta el 19,5%. A su vez, los componentes bajan ligeramente, mientras que los indicadores de desigualdad se mantienen estables.
Así, en comparación con el resto de las regiones, Cantabria presenta el segundo mejor dato de población en pobreza severa (5,1%) y el sexto de privación material y social severa (5%).
Con relación a 2015, la población en riesgo de pobreza y/o exclusión ha caído menos de un punto (-0,9), mientras que los diferentes indicadores han experimentado cambios en distinto sentido.
De este modo, mientras que la privación material y social severa ha aumentado (+1,3 p.p.), la tasa de pobreza cántabra se mantiene prácticamente igual (-0,1 p.p.) y ha disminuido de forma acentuada la proporción de personas en hogares con baja intensidad en el empleo (-6,4 p.p.).
Con todo, señala el informe, Cantabria tampoco sigue la senda necesaria para alcanzar lo acordado en la Agenda 2030, para lo que en 2022 debería detectarse unas 22.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.
En el caso de la pobreza severa en Cantabria, ésta alcanzaría a más del doble que en la actualidad si sólo hubiese pensiones por jubilación (11,9%) y se multiplicaría por seis de no haber ningún tipo de transferencia (32,1%).
Por otra parte, las diferencias mantienen cierta estabilidad a lo largo de la serie, lo que muestra la importancia del papel de las administraciones en el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas y la reducción de pobreza y desigualdades.
Durante 2021, año en el que se detectaron los efectos de la crisis por Covid-19, se aprecia un incremento en la importancia de las transferencias analizadas. Este impacto, aunque disminuye en 2022, se mantiene superior a los contemplados antes de la pandemia, lo que demuestra la importancia que tuvieron y tienen aquellas medidas del escudo social cuya puesta en marcha ha permanecido.
De este modo, según EAPN, se evidencia la necesidad de que las administraciones públicas continúen desempeñando políticas redistributivas.
DATOS NACIONALES
En España debería tener 2,1 millones de personas menos en situación de pobreza y exclusión social para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según el citado informe.
"Para cumplir, deberíamos tener 10,2 millones de personas en AROPE, sin embargo tenemos 12,3 millones, estamos sobrepasados en 2,1 millones", ha advertido el responsable de Investigación de EAPN-ES, Juan Carlos Llano, este lunes, durante la presentación del estudio, en la sede de la Fundación ONCE de Madrid.
Pese a este dato, el informe pone de relieve que la pobreza y la exclusión social se redujeron en todas las comunidades autónomas en el año 2022 con respecto al año anterior. En total, había 12,3 millones de personas en esta situación, el 26% de la población, 800.000 personas menos que el año anterior.
No obstante, la mejora sigue siendo "insuficiente", según EAPN-ES, pues el país está "aún lejos" de cumplir los objetivos establecidos en la Agenda que, en su meta 1,2, establece que en 2030 se debe haber reducido "al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales". Para el caso de España, esto significa que en 2030 debería haber como máximo unos 6,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión.
Además, el informe constata que se mantiene una "enorme" brecha de desigualdad entre las regiones del norte y el sur de España. Los datos reflejan una división de España en "dos mitades" y, aunque constata "un proceso de reducción" de la desigualdad territorial desde 2016, apunta que "es todavía muy insuficiente" pues las tasas AROPE y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por 3, respectivamente, a las más bajas.
En concreto, el informe destaca que, en 2022, en las regiones del sur, es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, la tasa AROPE alcanzaba al 33,1% de la población residente (cerca de 5,5 millones de personas), cifra que se reduce casi al 20,5% (6,8 millones de personas) para aquellas que viven en la mitad norte del país.
Respecto a la pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por unidad de consumo al año (560 euros al mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas en esta situación, es decir, el 8,9% de la población.
Con respecto a las regiones, la tasa de pobreza severa disminuyó en el último año en la gran mayoría de CCAA, excepto en Navarra, País Vasco y Castilla y León. A pesar de la mejora, en algunas regiones la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: Andalucía (14,4%), Canarias (13,2%), Murcia (11,6%) y Extremadura (10,2%).
Atendiendo al indicador de la privación material y social severa, el estudio muestra que cinco comunidades han visto deteriorada su situación: Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Andalucía. Sin embargo, pese a la mejora generalizada, se mantiene la "brecha" norte-sur.
Por ejemplo, respecto a la capacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, en 2022, un 17,1% de la población nacional se encontraba en esta situación, frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020. Todas las comunidades autónomas a excepción de Aragón, la Región de Murcia y La Rioja han empeorado su situación, siendo Extremadura y Andalucía las que presentan unas cifras mayores, con el 23,1% y el 21%, respectivamente.
Una tendencia similar se aprecia en el indicador de las personas que no pueden permitirse vacaciones al menos una semana al año. Pese a las mejoras de Andalucía, Canarias y la Región de Murcia, estas CCAA tienen, junto con Extremadura, los mayores porcentajes: 45,4%, 40,2%, 42,3% y 42%.
El informe también evalúa el valor de la tasa de riesgo de pobreza real y el que existiría en una sociedad sin acción del Estado. Así, del estudio se desprende que, si no hubiera ninguna transferencia pública a los hogares, ni las que corresponden a pensiones, el 44,5% de la población española estaría en riesgo de pobreza, unos 11,3 millones de personas pobres más de las que se registran en realidad.
En términos de la tasa de riesgo de pobreza, EAPN-ES destaca que en Cantabria, Baleares, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco, las transferencias reducen entre un 30% y un 39% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas aportaciones; mientras que en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, las transferencias la reducen entre un 21% y un 25%.
