El Supremo confirma 14 y 11 años de inhabilitación a los exaltos cargos del SCS que fraccionaron contratos menores
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas.
Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.
Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa, por indebido fraccionamiento de contratos.
Rechaza así el recurso de casación interpuesto por González salvo en lo relativo a la condena en costas de la apelación, que se declaran de oficio (la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desestimó íntegramente los recursos de ambos procesados y les impuso el pago de las costas procesales).
Por su parte, el que fuera director de la Gerencia de Atención Primaria condenado por prevaricación --no continuada, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el SCS-- desistió del recurso de casación después de formalizarlo.
DE MANERA REITERADA Y APROVECHANDO IDÉNTICAS OPORTUNIDADES
Según la sentencia del tribunal penal del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente, los hechos declarados probados evidencian que González, "en el ejercicio del cargo público que ostentaba, de manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades, resolvió promover la celebración de múltiples convenios, fraccionándolos indebidamente para refugiarse en el procedimiento más liviano que pudiera permitirle llevarlos a efecto".
Con ese fin, añade la resolución, consultada por Europa Press, el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS "dictó las oportunas resoluciones administrativas, todas ellas enderezadas al fin perseguido, y con plena conciencia de su carácter arbitrario".
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.
Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.
El Partido Popular, que ha ejercido la acusación particular, pedía 15 años de inhabilitación para cada uno, aunque fueron condenados por la Audiencia a 14 y 11 años, por prevaricación continuada y no continuada, pena confirmada primero por el TSJC y ahora por el Supremo, en una sentencia contra la que no cabe recurso y que por tanto es firme.