Suben más de un 21% los hogares que perciben el IMV en Cantabria, así como los beneficiarios, que superan los 21.300

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 7.916 hogares de Cantabria en los que viven 21.304 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento interanual del 21,65 por ciento en el número de hogares y del 21,51% en los beneficiarios.

La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 523,35 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 4,58 millones de euros.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, en medio de la pandemia, la Seguridad Social ha abonado en Cantabria por estas prestaciones 201,29 millones de euros que han llegado a 31.378 personas.

En el mes de diciembre, se han abonado 7.916 prestaciones a hogares cántabros en los que conviven 21.304 personas, un ratio de 2,69 beneficiarios por cada ayuda.

Además, del total de hogares, casi el 63% (4.985) han recibido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Esta modalidad de IMV supone una ayuda media mensual de 117,15 euros por hogar al mes.

Por otro lado, los titulares del IMV en Cantabria son en su mayoría mujeres, casi el 71% en diciembre (5.603), mientras que 2.313 eran hombres. Su media de edad es de 46,42 años.

Si se atiende al total de beneficiarios, el 54,65% son mujeres (11.642) frente a 9.661 hombres y su media de edad es de 29,81 años.

Asimismo, el 87% de los titulares de estas ayudas eran de nacionalidad española (6.888), frente a 1.028 extranjeros.

En cuanto a los beneficiarios totales, de los 21.304, el 38,1% eran menores, en concreto, 8.118.

DATOS NACIONALES

En España, el IMV llegó en diciembre a un total de 799.553 hogares en España en los que viven 2.441.647 personas, de las que 993.843 son niños y adolescentes (40,7%).

En diciembre, en más de dos tercios de las familias beneficiarias del IMV (547.234 hogares, el 68,4% del total) conviven menores de edad. De ellas, 134.672 son hogares monoparentales.

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 563.272 hogares lo recibieron en diciembre, con una ayuda media de 68,5 euros por menor y de 126,4 euros por hogar con menores.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años. Además, el CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El departamento que dirige Elma Saiz ha detallado que la cuantía media de la prestación del IMV en diciembre ha sido de 483,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 412 millones de euros.

De esta forma, al término de 2025 había 125.824 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,7%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,2% (393.892) desde diciembre de 2024.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, el Ministerio de Inclusión ha explicado que el 68% de los titulares (543.397) y el 53,5% (1.305.250) de los beneficiarios son mujeres.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años y, si se exceptúa a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

"Conscientes de las dificultades concretas de los más jóvenes, hemos incorporado mejoras en el IMV que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad", ha dicho Elma Saiz. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo, y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

En este año 2026, la cuantía de las prestaciones en alta va a verse revalorizada un 11,4%, como se ha previsto en el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.

"En 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC. La lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esa lucha, el Ingreso Mínimo Vital juega un papel muy importante, por lo que debe tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor", ha asegurado la ministra Elma Saiz.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha llegado a cerca de 3,4 millones de personas. Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.