El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha denunciado la existencia en la región de servicios educativos externalizados, cuyos trabajadores, con formación universitaria, "no llegan a fin de mes", como los Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEI) o los profesores del Refuerzo Educativo Complementario (PREC), cuya "precarización" es "insostenible".
Así lo han denunciado Diego San Gabriel y Belén González, del Secretariado del STEC, en una rueda de prensa en la que también han criticado que el presupuesto de la Consejería de Educación para 2024, descontado el capítulo de Universidades --antes en otra consejería-- recoge el menor incremento de los últimos siete años, un 2,8%, y mientras reduce el gasto en funcionamiento de centros o la partida de inversiones, aumenta en 10 millones los conciertos a la enseñanza privada.
En relación al PREC, San Miguel ha señalado que los alrededor de 300 trabajadores de este programa de refuerzo educativo de dos horas diarias gastan la mayor parte de su salario de unos 2.300 euros anuales en desplazarse al centro para atender "grupos de enorme complejidad", que incluyen alumnado con dificultades de distintos cursos y materias.
"Cobra menos de siete euros la hora, menos que en una clase particular individualizada, cuando están trabajando con una decena de alumnos a la vez", ha subrayado, apuntando que, "lógicamente", abandonan el programa cuando encuentran otro empleo.
Según San Miguel, "este nivel de precariedad laboral" se debe a que se trata de un servicio "externalizado", en este caso a cargo de la empreas Arasti Barca, como a su juicio prueba que el año que decayó la empresa gestora, el salario de los docentes se duplicó "largamente".
Por ello, STEC propone que el servicio se gestione desde la propia Administración pública y la partida íntegra recaiga en los trabajadores "para estar remunerada dignamente".
El otro colectivo "precarizado" al que se ha referido STEC el de las TSEI, unas 200 trabajadoras "que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional", según González.
Pese a que todas ellas --es un colectivo feminizado, solo hay dos hombres-- realizan las mismas funciones en el mismo horario, su contratación está dividida entre la Sociedad Regional de Educación (dependiente de la Consejería), ayuntamientos, Consejería de Presidencia y empresas, como ahora la asturiana Kiriku.
Según ha denunciado González, son estas últimas trabajadoras las que peores condiciones tienen, al cobrar unos 1.000 euros al mes.
Para STEC, "el primer paso" es "unificar ese galimatías administrativo que solo beneficia a la empresa privada que explota a las trabajadoras, en una gestión única con condiciones mejoradas" por parte de la Sociedad Regional de Educación.
"Nuestro sistema educativo, con cuya importancia y calidad la clase política se llena la boca, no puede permitirse estas sombras de gravísima precariedad, cuyos trabajadores apenas llegan a fin de mes", han censurado.
