STEC denuncia que uno de cada cuatro centros privados tiene aulas concertadas sin matrículas suficientes

El sindicato educativo STEC ha denunciado este jueves que uno de cada cuatro centros privados de Cantabria tiene aulas concertadas sin matrículas suficientes y ha reclamado a la Consejería de Educación la retirada de dichos conciertos, que generan un "sobrecoste" de 2,8 millones de euros para las arcas públicas.

Según un estudio del propio sindicato, el ahorro supondría 1,2 millones de euros en las etapas de Infantil, Primaria y ESO, donde apuesta por eliminar 21 clases (8 en 2º ciclo de Infantil, 9 en Primaria y 4 en ESO) y 1,6 millones en Bachillerato, que cuenta con 15 grupos que, afirma, no cumplen los criterios.

En un comunicado, STEC ha censurado que "la persistencia anual de estas situaciones, junto con la asimetría en la aplicación de criterios de supresión de unidades entre redes, genera un incentivo competitivo a favor de la red concertada a costa de la red pública y del erario".

La organización sindical cree que los conciertos "se justificaron hace 40 años como algo temporal, en un contexto demográfico en el que aquella red pública no podía albergar aquellas generaciones". Sin embargo, en su opinión, desde entonces, estos centros suponen "una competencia desleal para la educación pública por su ilegal doble vía de financiación, ya que captan fondos públicos y cuotas encubiertas privadas", ha criticado.

Además, la organización sindical ha sostenido que los conciertos actualmente han perdido "su razón de ser" debido al hundimiento de la natalidad y por consiguiente, de matriculación.

En esta línea, ha detallado que en la última década Cantabria ha perdido un 16% de alumnado y las proyecciones demográficas se van hasta el 30% en la próxima década.

Para el sindicato, "carece de todo sentido" mantener dichos grupos "mientras se cierran centros públicos como el CEIP El Pedregal de Castro Urdiales y se financia un centro privado de la misma fundación que gestiona el inmueble", algo que ha augurado que ocurrirá en otros valles de la región "si no se corrige".

En este sentido, STEC ha registrado el estudio y la solicitud formal a la Consejería de Educación para que aplique "el mismo rasero" a la concertada que a la pública en cuanto al mantenimiento de las líneas, y "ahorrar" así tres millones de dinero público "con los que podrían bajarse las ratios el curso que viene en 4º de Primaria y 1º de la ESO".

CALENDARIO

Por otro lado, el sindicato ha insistido en que el conflicto del calendario escolar también "tiene una raíz religiosa", ya que "están intentando disimular con un desequilibrado proceso participativo, el problema", que según STEC supone "anteponer el calendario litúrgico sobre el pedagógico", el cual dividiría el curso en cinco bimestres "equilibrados", ha defendido.

Así, ha señalado que las fechas de Navidad coinciden "bien" con los tiempos pedagógicos, pero la Semana Santa "es la raíz del conflicto". El sindicato ha criticado el condicionante de que ésta se fije en la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, lo que hace que cada año varíe y no coincida con la primera semana de marzo, "cuando correspondería descansar".

Por ello, apuestan por desmarcar la semana no lectiva de la Semana Santa, "porque desequilibra completamente los periodos".

Asimismo, STEC ha señalado que el consejero de Educación, Sergio Silva, ha creado un marco que "sobrerepresenta a la educación privada, mayoritariamente católica, pero que solo supone una cuarta parte de la comunidad educativa".

MATRÍCULAS EN RELIGIÓN

Por otra parte, STEC ha reiterado que el porcentaje de alumnado matriculado en Religión ha caído este siglo en toda España 30 puntos en Primaria y 20 en Secundaria, y ha perdido 370.000 alumnos solo en el último lustro, según "69 organizaciones sociales, políticas y sindicales".

"En una realidad educativa cada vez más diversa en los credos, la tendencia debe ser hacia la aconfesionalidad, priorizando los planteamientos científicos", ha reivindicado el sindicato, que piensa que los planteamientos del Gobierno regional, "apoyado en los representantes de la educación católica y contra los representantes de la mayoritaria educación pública", suponen "un grave retroceso que repercutirá en el rendimiento académico y el clima escolar".